Absueltos todos los procesados por la muerte de 20.000 aves en Doñana

El titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla, Francisco Gutiérrez López, ha absuelto a los 34 procesados por la muerte de unas 20.000 aves en Doñana en el verano de 1986, al no poder esclarecer si el motivo de las mismas fue un brote de botulismo o la utilización indebida de un plaguicida, tesis ésta defendida por la asociación ecologista Andalus, personada como acusación particular. El juez sí advierte en su sentencia sobre la descoordinación de las distintas administraciones competentes en el parque nacional y considera que la actuación de éstas "no puede calificarse como prudente".

La fiscal Auxiliadora de la Rosa ya pidió en su día, por falta de pruebas, la absolución de los 30 arroceros, dos altos cargos de la Junta de Andalucía y los dos vendedores de Folidol inculpados en el más importante juicio por delito ecológico celebrado en España. El citado plaguicida fue utilizado por los arroceros para combatir una plaga, a pesar de que su uso está prohibido en zonas húmedas.La sentencia, contra la que estudia recurrir la acusación particular, no resuelve así los distintos informes contradictorios sobre la causa de la mortandad masiva de aves que salieron a relucir durante la vista oral. "Pretender simplificar el desastre ocurrido alegando que el vertido de 752 litros de producto a finales de mayo, en una zona de 34.000 hectáreas, extendida a ambos márgenes del río Guadalquivir y distanciada de Doñana, en algunos casos, hasta 70 kilómetros, ha desencadenado una mortandad en septiembre no parece explicación satisfactoria", asegura la sentencia.

No obstante, el propio juez reconoce en el texto, de 72 folios, que la Administración de justicia "no debe conformarse" con que el proceso haya servido para que la opinión pública tome conciencia sobre el deterioro ecológico, y, "en un intento de buscar la verdad material de lo ocurrido", deduce de las pruebas practicadas que el manejo de las aguas ha influido "decisivamente" en el desarrollo de la mortandad.

De esta forma, el juez ha resuelto informar al ministerio fiscal sobre la actitud de José María Blanc Díaz, propietario del lucio del Cangrejo, cuyas aguas estiman que fueron manejadas "negligentemente". Los lucios, grandes charcos de escasa profundidad frecuentes en la zona, se desecan en verano por efecto del sol, evitando que las aguas se estanquen y se conviertan en foco de infecciones para la fauna. Aquel año, en el lucio del Cangrejo se realizaron tres operaciones de llenado y vaciado, lo que comporta "un alto riesgo de botulismo", según la sentencia, que en este caso tuvo una "negativa incidencia en la expansión de la mortandad".

Subvención

Estas operaciones coincidieron con la visita al lucio de un directivo de la CE, a la que la Fundación Blanc había solicitado una subvención de 140 millones de pesetas para un proyecto de reintroducción del calamón en Europa, por lo que el juez "intuye" que ésta fue la causa del llenado, a pesar de las órdenes de desecación dictadas al comienzo de la mortandad.El propio Blanc reconoció en el juicio que con esa cantidad de dinero compró la finca de Los Caracoles. "El juzgador cree firmemente que nos hallamos ante unos comportamientos oscuros y extraños, ya que son muchas las maniobras incoherentes e injustificadas que percibimos en las actuaciones de los componentes de la Fundación Blanc", concluye.

De otro lado, el juez advierte que "no parece excesivamente adecuada la organización administrativa del parque nacional de Doñana", con una diversidad de organismos competentes que debilita las funciones de control. Según el juez, "no parece existir coordinación efectiva, porque si no sería imposible concebir cómo, a pesar de ser un hecho públicamente conocido, ni se controlara debidamente el uso clandestino de organofosforados en la zona ni tampoco se actuara con rigor contra particulares que en el ejercicio de actividades individuales no autorizadas manejan a su antojo el sistema hídrico".