Orden de detención contra el segundo jefe del servicio antidroga de la Guardia Civil
Baltasar Garzón, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ordenó ayer a la Guardia Civil la detención del teniente coronel Francisco Quintero, segundo jefe del servicio fiscal y antidroga de este cuerpo, por su presunta implicación en un delito de tráfico de estupefacientes, según confirmaron anoche fuentes de la investigación. Los mismos medios eludieron precisar las acusaciones concretas contra este teniente coronel, a la espera de conocer su declaración ante el juez, si bien recordaron que bajo tal figura delictiva encaja, entre otros, el pago a confidentes con droga.
La detención del teniente coronel Francisco Quintero se produce a raíz de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la UCIFA (Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga) de la Guardia Civil, 10 de cuyos miembros fueron detenidos hace una semana por delitos como pago con cocaína o heroína a confidentes, reventa de droga aprehendida o introducción de estupefacientes en domicilios para detener a presuntos traficantes.A tenor de las declaraciones de guardias ya detenidos, existen varios hechos delictivos en los que presuntamente está involucrado el teniente coronel Francisco Quintero, algunos no referidos a pagos con droga a confidentes, y que se hallan pendientes de su total confirmación por la investigación judicial. Este mando de la Guardia Civil tenía responsabilidades no sólo sobre este grupo de élite antidroga -la UCIFA, cuyo jefe directo, el comandante Ramón Pindado, ya fue detenido- sino sobre todos los guardias civiles que combaten el narcotráfico.
Por otro lado, Doroteo Gómez Porras, uno de los 10 miembros de la UCIFA previamente detenidos, dio a un traficante, actualmente en libertad bajo fianza y sometido a desintoxicación, 4,5 kilos de cocaína para su venta. Este extremo quedó ayer claramente establecido tras el careo al que fueron sometidos ambos por Garzón.
De los 10 millones que dio de beneficio la venta en el mercado de esta droga, desviada de alijos interceptados por la UCIFA en abril de 1991, presuntamente sacaron beneficio al menos los siguientes guardias civiles: Doroteo Gomez Porras (que recibió dos millones de pesetas), y Vicente Domínguez Serrano (una suma idéntica, aunque sólo reconoce que percibió 800.000).
Donativos a guardias
El confidente Ramón Temple, arrepentido clave en este proceso, se quedó con seis millones -sólo reconoce cinco-, pero de esa suma entregó donativos a varios guardias, incluido un ordenador. El camello se reservó parte de la droga para con sumo propio. El juez Garzón estudia las declaraciones y pruebas ya obtenidas, que supuestamente implican a otros guardias civiles con el fin de sopesar si existen elementos suficientes para acreditar su actuación irregular.
El teniente coronel Quintero, por orden del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, había sido apartado hace una semana de sus funciones como segundo jefe del servicio fiscal y antidroga del instituto armado. Su cese acompañó al de su superior, el coronel, Ramón Garabito, al hacerse efectiva la detención del oficial responsable de la unidad central antidroga, comandante Ramón Pindado por presuntos pagos con droga a confidentes.
Todos los oficiales de la UCIFA fueron removidos de sus destinos para facilitar la investigación. La detención del teniente coronel no se había materializado anoche, pero se presumía que hoy sería puesto a disposición del juez Garzón.
Todos los responsables de esta investigación, los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Carlos Bueren y la fiscalía antidroga, no han escatimado elogios en privado sobre la voluntad manifestada por el director de la Guardia Civil, Luis Roldán, de llevar esta operación de depuración interna hasta sus últimas consecuencias, y han negado que se ajuste a la realidad la imagen que se intenta presentar de enfrentamiento entre la justicia y el instituto armado.
Tanto Garzón como Bueren cuentan con el servicio de información de la Guardia Civil para materializar sus pesquisas. Esa unidad ha desarrollado la mayor operación anticorrupción en las Fuerzas de Seguridad, conocida como Operación Pitón, y que supuso la detención de una decena de guardias sobornados y la desarticulación de una vasta red de tráfico de hachís.
