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Pedro Pérez firma en Kuwait un protocolo para solucionar la crisis

La crisis del Grupo Torras, controlada por KIO, puede entrar hoy en una fase culminante si, definitivamente, se presenta la querella contra el anterior equipo gestor, encabezado por Javier de la Rosa. Esta querella, que se basa en cuatro delitos, denuncia al anterior equipo de haberse apropiado de alrededor de 55.000 millones de pesetas de forma irregular, entre ellos 8.000 por la venta de ICSA. Ayer, el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, negociaba en Kuwait un acuerdo en el que el emirato se comprometa a no presentar más suspensiones de pagos en España y a seguir invirtiendo. El PP, por su parte, calificó de irresponsable al Gobierno español.

España y Kuwait firmaron ayer un memorándum de entendimiento según el cual ambos países se comprometen a encontrar una solución a la crisis de las inversiones realizadas en España a través del Grupo Torras, según informaron fuentes oficiales de la capital del emirato, lo que supone seguir invirtiendo y evitar nuevas suspensiones de pagos. El documento fue firmado por el secretario de Estado de Economía español, Pedro Pérez, y por el ministro de Hacienda y Planificación, Nasser Abdullah al Roudhan.La Autoridad Kuwaití para Inversiones en el Extranjero (KAFI) está dispuesta, según un comunicado emitido poco después de la firma, "a realizar nuevos proyectos de inversiones en España de acuerdo con sus planes actuales". El comunicado añade que Pérez y Al Rotidhan negociaron las maneras de "estrechar las relaciones económicas y de inversiones e incrementar la cooperación para eliminar los efectos adversos de las anteriores inversiones kuwaitíes".

Según las fuentes kuwaitíes, el país del Golfo ha perdido en España alrededor de 4.000 millones de dólares (más de 440.000 millones de pesetas). Las pérdidas han sido calificadas en Kuwait de "abusos financieros" de los anteriores responsables del grupo en España.

El Grupo Popular, por otra parte, continúa atacando al Gobierno, del que dice que ha actuado con dejación de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones en relación con las inversiones de KIO en España. Según este grupo, el Gobierno dio un tratamiento de inversor privado a la entrada de KIO en España cuando debió ser como "inversor oficial de soberanía extranjera, que mantiene una normativa diferente a la del inversor privado y debe aprobarse en consejo de ministros.

En la actitud del Ejecutivo, a juicio del partido conservador, existen indicios de "discrecionalidad ilegal y de escaso aprecio por el interés nacional". Por todo ello el PP, al igual que IU y CDS, ha pedido una comisión de investigación sobre las actividades de KIO en España y en su caso determinar las responsabilidades que de ellas se deriven. Pérez aseguró que el Gobierno tomará medidas legales si encuentra indicios de falsedad en documento público.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de diciembre de 1992