El problema electoral

J. R. / S. C. Tres meses sobre la mesa del Consejo de Ministros y varias visitas del ministro de Obras Públicas, José Borrell, a la sede del PSOE para convencer al aparato del partido han sido necesarios para que el Gobierno aprobara la reforma del mercado del alquiler que se encasquillaba siempre en dos temas: las subrogaciones en la vivienda y la actualización de rentas de los locales comerciales.

Esta dificultosa aprobación del proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos tiene una explicación: su coste electoral. Con los próximos comicios generales en puertas, el PSOE ha empezado a calcular el coste de cada decisión tanto del partido como el Gobierno.

La reforma del mercado del alquiler, a pesar de que fue el banderín de enganche socialista en las últimas elecciones municipales y autonómicas y uno de los puntos centrales del plan de convergencia, es una de esas medidas tan sensibles para la población que, según cómo se explique, puede suponer la pérdida de unos votos vitales. En España hay más de dos millones de viviendas alquiladas y cientos de miles de locales de negocio a los que afecta la reforma. Y en la mente aún esta fresco el recuerdo del catastrazo.

Sin embargo, este debate sobre la reforma del mercado del alquiler no es nuevo, se ha convertido en algo así como la herencia maldita del PSOE. Cuenta un alto cargo del Ministerio de Obras Públicas que, cuando llegó el equipo de Borrell a su nuevo destino, se encontró en un cajón varios proyectos de reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos cuidadosamente guardados.

La ley será, sin lugar a dudas, uno de los argumentos más explotados a favor y en contra en la próxima campaña electoral, por lo que el Ejecutivo pretende explicar concienzudamente todos los extremos de la reforma.

Esta campaña comenzó ayer mismo. Al término de la habitual rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros, el titular de Obras Públicas y el de Justicia, Tomás de la Quadra, repitieron la explicación. Pero también se han producido las primeras reacciones en contra ya que CC OO, UGT y las patronales del pequeño y mediano comercio han convocado una concentración mañana en Madrid contra el proyecto de ley y el IAE.