El Gobierno pone condiciones a KIO para que se responsabilice de sus inversiones en España
El Gobierno español mostró ayer a los representantes del grupo Kuwait Investment Office (KIO) un talante mucho más duro que el que ha venido manteniendo hasta la fecha. El Ejecutivo quiere ahora poner fin a la crisis de forma drástica. Pedro Pérez, secretario de Estado de Economía, comunicó ayer a Mahmut al Nuri, responsable de KIO en España, que el Gobierno español sólo admite que le represente un consejo de administración legalmente establecido y no una firma intermedia, pidió que KIO garantice el proceso de venta de filiales y exigió que el Gobierno de Kuwait manifieste oficialmente su postura.
El ministro de Industria, Claudio Aranzadi, tiene previsto informar hoy en el Congreso de la respuesta de KIO. Al Nuri se trasladó ayer a Madrid para realizar una maratoniana jornada de reuniones. Entre otras, se entrevistó con Pedro Pérez, por la mañana, y con Claudio Aranzadi, por la tarde. A ambos les informó de las conclusiones de la reunión del consejo de KIO celebrado el fin de semana en Londres, a la que asistió Luis Vañó.Según fuentes conocedoras del contenido de las reuniones, Pedro Pérez puso por primera vez sobre la mesa una serie de exigencias a KIO a cuyo cumplimiento ha condicionado el apoyo del Gobierno español. Al Nuri se comprometió a contestar a Aranzadi. Esas exigencias son las siguientes:
- El Gobierno español exige que KIO asuma responsabilidades y únicamente admite la representación de un consejo de administración en Torras legalmente establecido oponiéndose a que exista la representación de una firma intermedia. En este caso es Peat Marwick.
- KIO tiene que responder de los procesos de desinversión iniciados en empresas del grupo como algunas filiales de Ercros (Río Tinto Minera, Unión Española de Explosivos y FESA-Enfersa) y Torraspapel. El Gobierno exige que garanticen las ventas iniciadas.
- Petición a KIO y al Gobierno kuwaití a que hagan pública su posición oficial respecto al conjunto de las inversiones en España.
Asimismo, pide garantías para que el grupo de fertilizantes FESA-Enfersa pueda tener acceso a papel de descuento para subsistir comercialmente y solicita que no suspenda pagos en Torraspapel.
La suspensión de pagos del Grupo Torras, por otra parte, ha despertado profunda inquietud en círculos financieros. Según los auditores consultados por este periódico, KIO, principal accionista de Torras con el 90% del capital, podría haber evitado la suspensión con el solo hecho de haber convertido parte de los créditos concedidos a su filial en capital. La suspensión de pagos no se ha producido por la imposibilidad de pagar a acreedores que apremiaban el pago de unas deudas; sino que ha sido el propio accionista principal el que ha decidido no continuar financiando a su filial.
Durante este año, los créditos concedidos al Grupo Torras por parte de KIO han pasado de 14.983 a 122.724 millones de pesetas (aumento de 108.000 millones). Los expertos critican que KIO decida suspender pagos cuando tiene el 75% del total de esa deuda a corto plazo. Es decir, se puede decir que se lo deben a ellos mismos. Las cuentas de Torras serán examinadas por los interventores nombrados por el juez Pereda Laredo.
El balance refleja que la deuda a corto plazo (la que tiene que hacer frente de forma inmediata) ascendía, a 4 de diciembre de 1992, a 161.883 millones de pesetas, mientras que el activo circulante (con el que puede hacer frente a esos pagos) solamente era de 111.212 millones. Es decir, existe una diferencia de más de 50.000 millones de pesetas a favor del pasivo. O, lo que es lo mismo, advierte de una posición a la que no puede hacer frente con el circulante. Según las fuentes consultadas, si se descuenta parte o el total de los 108.000 millones prestados este año y se pasa a capital, el activo circulante sería superior a la deuda.
Por otra parte, la sociedad matriz obtuvo, sorprendentemente, unos beneficios de 4.508 millones de pesetas, aunque arrastra unas pérdidas de ejercicios anteriores de más de 44.000 millones.
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