Ocho comunidades reducen el presupuesto para salario social por el escaso numero de solicitudes

Su nombre para andar por casa es el de salario social, pero a los responsables autonómicos parece que les da alergia y prefieren hablar de ingreso mínimo de inserción (IMI). Esta ayuda busca que todas las familias que viven en el umbral de la pobreza o por debajo del mismo cuenten con un dinero para sobrevivir y poder integrarse en la sociedad. 16 comunidades autónomas han destinado este año más de 21.000 millones de pesetas a diferentes IMIs, que han beneficiado a 50.000 familias. Para 1993, ocho autonomías congelan o reducen su cuantía.

El IMI ya está en marcha en todas las comunidades; excepto en las islas Baleares, que tiene la segunda tasa más baja de desempleo de España, después de Navarra, y donde "de momento no se prevé su implantación", según explican en la Administración autonómica. Pero existe en Baleares un oasis del IMI. Deiá, una pequeña y acaudalada ciudad mallorquina, cuenta con esta ayuda desde hace años.A pesar de su reciente creación -el País Vasco fue el primero en crearlo en 1989- y del incremento galopante del desempleo, ocho autonomías han congelado o disminuido ya el importe de estos capítulos para 1993. Curiosamente, Andalucía, la comunidad autónoma con la tasa de desempleo más alta (26,8%) y una capacidad de gasto por persona de las más bajas de España, ha destinado en 1992 5.230 millones a integración social, cuando en 1991 aportó 5.400 millones. Lo mismo ha pasado en Valencia. Allí el presupuesto ha pasado de 895 millones en 1991 a 774 millones en 1992, de los que sólo se han gastado 304 millones. Y en La Rioja menguó de 95 millones en 1991 a 50 en 1992.

La congelación o el recorte sigue para 1993 en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco. El presupuesto para el plan de integración social de Andalucía descenderá a 3.309 millones de pesetas. La Junta explica que los fondos de formación laboral ya no se gestionarán a través de estos programa; de ahí la importante merma.

En algunas comunidades se han quedado desiertas determinadas ayudas. Es el caso de Extremadura que, con una tasa de paro del 26,3%, creó en 1990 un plan que incluye cuatro tipos de subsidios. Parece inexplicable, pero hasta noviembre de 1992 no se ha presentado ni una solicitud para las ayudas de inserción destinadas a personas que están aisladas de la vida social.

Perplejidad

Casi todos los estudios previos que se encargan para analizar qué colectivo puede ser beneficiario se exceden en sus previsiones. El caso de Canarias ha dejado a más de uno perplejo. Cáritas calculaba en 100.000 el número de pobres en estas islas. Pues bien, el salario de integración sólo se ha concedido a 35 familias del archipiélago.Ante estos interrogantes -¿Por qué estas diferencias abismales entre el antes y el después? ¿Es que los que elaboran los estudios ven pobres que luego no existen?-, los asistentes sociales que llevan el IMI puerta a puerta recuerdan que trabajan con la parte de la sociedad menos informada y más marginada. Ni los que viven en la más miserable de las pobrezas tienen facilidades ni medios para ponerse en contacto con cualquier Administración ni esta voluntariosa infantería consigue localizar a todos los que en España pasan necesidades . Y no es por falta de ganas, precisamente.

En La Rioja, el primer año (1991) se presupuestaron 150 millones, "y no tuvo la repercusión que nos esperábamos", señala Víctor Herrero, director general de Bienestar Social de esta comunidad. Herrero entiende que ya "existe una cobertura de prestaciones muy importante; además, en La Rioja no hay grandes bolsas de pobreza".

El Principado de Asturias había encargado otro estudio, que dio como resultado que 4.000 familias podían beneficiarse del IMI, pero por ahora se han concedido 883. "O no hay tantas solicitudes como pensábamos o los que lo necesitan no lo piden", comenta Delia Losa, responsable de esta sección. Hasta el 18 de noviembre, en el Principado sólo se habían gastado 571 millones de los 1.200 millones presupuestados, "en parte porque la gestión no empezó hasta abril y porque el nivel de ingresos exigido ha limitado mucho la concesión", reconoce Losa. "Este salario se puso en marcha a mediados de este año, con una gestión muy complicada, que no está respondiendo a las previsiones que teníamos", señalan en Galicia para explicar el poco dinero liquidado del presupuesto.

Los responsables añaden otra teórica explicación: "Muchos posibles beneficiarios han solicitado una pensión no contributiva en vez del salario social", alegan en Murcia. Según el Inserso, se han concedido 125.000 pensiones no contributivas, de las que se están pagando 103.000.

La comisión de derechos humanos del Senado, tras viajar por seis autonomías para elaborar una ponencia sobre la pobreza en España, señala que "al principio parece que se va a apuntar mucha gente y luego resulta que no", según explica el senador Díaz Bonilla, quien añade que "en tres comunidades se está estudiando simplificar los requisitos para solicitarlo".

Pero no todos disminuyen su presupuesto. Castilla-La Mancha lo incrementará un 35% en 1993 porque el colectivo con posibilidades de acceder al salario ha aumentado desde la implantación del decretazo, que ha disminuido la tasa de cobertura del subsidio de paro. Por este mismo motivo, el municipio turístico de Calviá (Mallorca) -con un presupuesto de 6.000 millones para 27.000 habitantes- está readaptando el salario social.