Jueces para la Democracia acusa al Gobierno de reprimir al enfermo de sida

Jueces para la Democracia rechaza lo que califica de "tratamiento represivo" del Gobierno hacia los enfermos de sida en su proyecto de Código Pena¡, pendiente de debate, y propone a los grupos parlamentarios soluciones en las que predominen los aspectos humanitarios y sanitarios ante esta enfermedad. La asociación judicial progresista se opone a que el contagio del sida por parte de los enfermos se equipare a la lesión violenta, y pide que la enfermedad y la minusvalía se incluyan en el código como causa prohibida de discriminación.

El artículo 525 del futuro Código Penal proyecta sancionar con penas de hasta dos años de cárcel e inhabilitación hasta tres años al "particular encargado de un, servicio público que, por razón del origen, sexo, situación familiar o pertenencia o no a una etnia raza, religión, grupo político o sindicato, de una persona, le denegare una prestación a la que tuviere derecho". Jueces para la Democracia propone que se incluya el sida y la minusvalía derivada de esta enfermedad entre las causas de discriminación prohibida y castigada.Por otra parte, el artículo 157 del proyecto de código impone castigos de seis a 12 años de cárcel al que "causare a otro, por cualquier medio, incluso por contagio [expresión que se incorporó pensando en el sida], la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, ( ... ) una grave deformidad, una grave enfermedad somática o psíquica o la anulación o una grave limitación de su aptitud laboral". Frente a este texto, Jueces para la Democracia estima que "el contagio por parte de los propios enfermos no debe equipararse, sin más, a otros casos de lesión violenta, y por el contrario"; dice, "debe contemplarse desde una perspectiva sanitaria, humanista y no criminalizadora".

La asociación judicial progresista y minoritaria considera que, por el contrario, "la tipificación del contagio del sida debe debatirse en profundidad y probablemente debería limitarse a supuestos dolosos [intencionados]". Como criterio general, Jueces para la Democracia plantea que tanto los tipos delictivos que castiguen el contagio del sida como los que sancionen discriminar a estos enfermos "deberían ser redactados con previo asesoramiento de las entidades sanitarias expertas en la materia y encargadas de evitar la difusión de la enfermedad", y menciona la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida) y el Plan Nacional para el Sida.

El magistrado Cándido Conde-Pumpido, portavoz de Jueces para la Democracia, asegura que "el proyecto de Código Penal aprobado por el Gobierno se adscribe a una línea represiva, identificando enfermo con culpable y considerando a los enfermos de sida no como seres a los que debe protegerse de la discriminación, sino como presuntos delincuentes, al equiparar absolutamente el contagio a cualquier forma violenta de lesión, y sancionando no sólo en los casos dolosos [intencionales], sino también en los imprudentes, incluso leves".

Criminalizar la enfermedad

Conde-Pumpido estima que, de este modo, el Gobierno "criminaliza" la enfermedad, "con graves consecuencias no sólo desde la perspectiva criminológica y de derechos humanos, sino incluso en el plano sanitario". Este magistrado previene contra "la epidemia de prejuicios" que puede generar el miedo a la propagación del sida, que "conlleva", dice, "la generalización de actitudes discriminatorias contra quienes padezcan la enfermedad o sean portadores de anticuerpos".

El portavoz de Jueces para la Democracia analiza que esta identificación entre enfermo y culpáble, históricamente fruto de la ignorancia y del pánico, "se ve favorecida en el caso del sida por factores diversos, entre los que cabe destacar el carácter mortal de la enfermedad y su proliferación inicial en grupos humanos (homosexuales, toxicómanos) que permite a determinados sectores fomentar la segregación, marginación e incluso represión de estos enfermos, identificando interesada y demagógicamente enfermedad y vicio".