Cerco a los "narcos"

SI LA represión es la vía por la que se ha optado fundamentalmente para acabar con el problema de la droga, era todo un contrasentido dejar de aplicarla justamente donde más les duele a los narcotraficantes: los beneficios ingentes que obtienen y los bienes en que son invertidos. El castigo a las personas, efectivo sobre todo en los niveles del pequeño traficante consumidor, coexistía con una incomprensible permisividad ante el blanqueo del dinero del narcotráfico en los circuitos financieros, que en España alcanza unos 500.000 millones de pesetas anuales.Para poner término a esta flagrante contradicción, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que facilita a jueces, fiscales y policías los instrumentos legales capaces de causar un serio quebranto al poder económico del narcotráfico. Y, al mismo tiempo, el Consejo de Ministros decidió ayer reforzar la persecución del narcotráfico con una norma complementaria que sanciona, incluso con el cierre, a las entidades financieras que no prevengan o dificulten las operaciones de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado. Lo que hace falta ahora es que este marco legal no quede inoperante por causa de la insuficiencia de medios materiales y personales o de las dificultades que puedan proceder del correoso entramado económico-financiero.

Sin duda, constituye un avance legal significativo que los bienes intervenidos a los narcotraficantes pasen a engrosar el patrimonio del Estado; que el blanqueo del dinero de la droga se tipifique por primera vez como un delito específico; que se considere también delito la actividad de quienes fabriquen, distribuyan y transporten las sustancias precisas para la elaboración de la droga, y que las fuerzas policiales puedan controlar, sin riesgo de ser acusadas a su vez de delito, el trasiego de determinados alijos de droga a fin de poder desarticular a los grupos intervinientes en su tráfico.

La legislación española había dado en los últimos años algunos tímidos pasos en el tratamiento de la dimensión económica de la droga. Pero seguía estando a años luz del modelo vigente en EE UU y, sobre todo, de las pautas establecidas por el Convenio de Viena de 1988, que España firmó. Con la reforma actual, España se inserta plenamente en este modelo, penalizando la falta de colaboración del sistema financiero en la detección de aquellos flujos monetarios sobre los que existan fundados indicios de que provienen del ¡legal comercio de la droga.

Es obvio que sin la colaboración de las entidades bancarias poco pueden hacer los poderes públicos para impedir que el dinero del narcotráfico se recicle en los circuitos financieros. De ahí que, al margen de su predisposición institucional a colaborar (existe desde hace dos años el compromiso de la banca y de las cajas de ahorro de vigilar los movimientos de capitales sospechosos de tener un origen criminal), sea coherente penalizar por negligencia culposa las conductas particulares de quienes al no alertar de tales movimientos se convierten en cooperadores.

Es razonable deducir que en la medida en que se logre dificultar el disfrute de los beneficios de la droga se pongan también trabas a su oferta. Ello constituiría un paso importante cuando se sabe -con ocasión de la reciente Semana Europea contra la Droga- que se les ha ofrecido droga alguna vez, antes de cumplir los 19 años, a 3,5 millones de jóvenes europeos. Es cierto que para que la demanda se reduzca es necesario que los jóvenes tengan entre manos tareas que les aparten de la fascinación de la droga. Pero tan necesario o más es evitar que alguien pueda ofrecérsela por los fáciles y cuantiosos beneficios que obtiene.