El Gobierno de Kuwaitt autoriza que KIO presente suspensión de pagos en Torras

El grupo Kuwait Investment Offlice (KIO) cuenta con el respaldo del Gobierno del emirato de Kuwait para llevar adelante la presentación de suspensión de, pagos del Grupo Torras, la sociedad que controla sus inversiones en España. La decisión estaba adoptada en la tarde de ayer, aunque parte de los miembros del consejo de administración de Torras realizan intentos de última hora para evitarla. Esta medida se produce tras intensas discusiones en el seno de dicho consejo y el fracaso de varias entrevistas entre los responsables económicos del Gobierno y los ejecutivos de KIO.

El Gobierno de Kuwait ha sido, en última instancia, el responsable en tomar la decisión tras recibir la comunicación correspondiente de sus representantes en Torras y no haberse logrado avances en las negociaciones con la Administración española. Fuentes del grupo reconocieron ayer que, aunque la decisión ya estaba "prácticamente adoptada, se exprimían todas las posibilidades para evitar la suspensión de pagos".Según esas fuentes, uno de los miembros españoles del consejo de administración, Luis Vañó, tratará esta misma mañana de negociar una solución que evite la medida haciendo un nuevo intento con la Administración y los acreedóres financieros. Esta consiste en que KIO acepte aportar una determinada cantidad -se habla de 60.000 millones de pesetas- que estaría apoyada por los acreedores bancarios con otros 30.000 millones de pesetas, los cuales aportarían con el aval de las propias acciones de empresas del grupo. Se trata de los fondos mínimos necesarios para cubrir las primeras necesidades.

La suspensión de pagos de Torras sería una de las más importantes de la historia económica española y afectaría una deuda superior a los 100.000 millones de pesetas, aunque el propio KIO es el principal acreedor, con más de la mitad. Asimismo, repercutiría sobre la marcha de importantes empresas como el grupo papelero Torras Papel, la azucarera Ebro Agrícolas, el grupo químico Ercros -que el pasado verano ya presentó suspensión de pagos en la sociedad matriz y sus filiales de fertilizantes FESA y Enfersa- y la inmobiliaria Prima, entre las más importantes. El Grupo Torras emplea en España de forma directa a más de 30.000 personas e, indirecta, a unas 60.000.

Medios jurídicos de Barcelona, en cuya ciudad debe presentarse la suspensión por encontrarse en ella la sede social, estaban a la espera de recibir en las próximas horas la documentación pertinente.

Ayer mismo, mientras en Madrid se discutía la suspensión, en Bélgica se decidía la quiebra de la papelera Intermills, filial de Torras Papel a través de Celulosas de las Ardenas. La deuda de Intermills asciende a 2.660 millones de pesetas.

Ventas de FESA y Beta

También ayer el grupo alcanzaba un acuerdo para vender el 40% que tiene en la sociedad de valores Beta Capital al resto deaccionistas, entre los que el principal es César Alierta.La práctica totalidad de los 4.000 trabajadores de la empresa de fertilizantes FESA-Enfersa, filial del grupo Ercros (a su vez subsidiaria de Torras), se manifestaron ayer en Madrid contra la venta de su empresa al grupo estadounidense Freeport decidida por el grupo que controla KIO. Los trabajadores, que acudieron a Madrid desde distintos puntos en los que la empresa tiene fábricas (Huelva, Cartagena, Zaragoza, Valladolid, Asturias, Sevilla y Valencia), rechazan las condiciones de venta de la sociedad al grupo norteamericano, que suponen una reducción del 40% de la plantilla.

Las protestas de los empleados de FESA-Enfersa, que se concentraron ante la sede del Ministerio de Industria y ante la embajada de Kuwait y profirieron gritos contra los ministros Claudio Aranzadi y Carlos Solchaga y contra los responsables de KIO y Torras, fueron proseguidas de una entrevista de los secretarios generales del sector químico de Comisiones Obreras y UGT, Joaquín González y Javier Urrutia, con el director general de Industria, Antonio Fernández Segura. Según los sindicalistas, "la entrevista fue frustante". González y Urrutia pidieron que el Gobierno vuelva a constituir una comisión de seguimiento del plan industrial del sector.

Los representantes sindicales también aseguraron que la empresa no garantiza ni las nóminas de octubre, que están sin pagar, ni las de noviembre y diciembre. Tampoco han conseguido, según sus manifestaciones, que la empresa no presente la regulación de empleo.