El Tribunal Constitucional ruso abre la puerta a la reaparición del disuelto partido comunista

El Tribunal Constitucional de Rusia dio ayer un impulso a la reaparición de un partido comunista que ahora, puede aspirar a la herencia material del Partido Comunista de la URSS. El máximo tribunal emitió un complicado veredicto que rechazó, sin embargo, un pronunciamiento global y unívoco sobre la constitucionalidad del PCUS y de su filial rusa. El tribunal reconoció como legales la mayoría de los puntos de los edictos promulgados tras el intento de golpe de Estado de 1991, mediante los cuales el presidente Borís Yeltsin prohibió las actividades del PCUS y del Partido Comunista de Rusia (PCR).

La sentencia del tribunal abre la vía a las interpretaciones controvertidas, que comenzaron a manifestarse ayer mismo, al aplicar criterios diferentes a las "estructuras" dirigentes del PCUS y el PCR y a sus organizaciones en empresas e instituciones, y a las organizaciones territoriales u organizaciones formadas por militantes de base.Mientras las organizaciones dirigentes han sido ilegitimadas, las organizaciones de base han recibido el derecho legal a existir, siempre y cuando se formalicen jurídicamente de acuerdo con la Constitución de Rusia. Las organizaciones de base pueden también ahora reclamar la propiedad que en el pasado perteneciera legítimamente al PCUS.

El presidente del Tribunal Constitucional, Valeri Zorkin, se limitó ayer a leer la decisión del alto organismo jurídico, haciendo constar que dos; de los 13 jueces que lo componen plantean opiniones particulares sobre el veredicto. El tribunal se negó a informar al público sobre las motivaciones en base a las cuales se ha dictado el veredicto. Esto incrementó la confusión en torno a sus consecuencias prácticas para la futura organización de los sectores comunistas que hoy actúan como residuos (dispersos en ocho grupos por lo menos) del PCUS y del PCR.

El nudo gordiano del conflicto reside en la absolución de las organizaciones territoriales comunistas y también en las contusas matizaciones introducidas por el Tribunal Constitucional en lo que se refiere a las propiedades que estaban. en poder del PCUS el 25 de agosto de 1991, cuando Yeltsin las confiscó y la entregó al Estado.

El Tribunal Constitucional considera que esta confiscación era legal y estaba justificada en los casos en que la propiedad era del Estado, pero no en los casos en que la propiedad era del PCUS o no estaba determinada. Estos resbaladizos conceptos no fueron definidos por la alta instancia legal, que, sin embargo, dio a los militantes de base del PCUS y del PCR la posibilidad de reivindicar ante los tribunales comunes aquellas propiedades no estatales a las que crean tener derecho.

El llamado juicio al PCUS reunía en una misma causa dos demandas diferentes. En la primera de ellas, varios representantes comunistas cuestionaban la constitucionalidad de los edictos promulgados por Borís Yeltsin en agosto, y en noviembre de 1991. En la segunda, de ellas, el diputado Oleg Rumiantsev cuestionaba, junto con otros diputados más, la constitucionalidad misma del PCUS y del PCR. El Tribunal Constitucional se pronunció tan sólo, punto por punto, sobre los edictos del presidente de Rusia, pero no sobre la constitucionalidad de ambos partidos, alegando que el PCUS ya no existía como tal en el momento de ser prohibido por Yeltsin, y que el PCR no había comenzado a existir aún, porque no había sido convenientemente registrado y legalizado.

"La decisión confirma la legalidad del partido y su ideología", dijo. ayer Valentín Kuptsov, uno de los líderes del PCR, según el cual la decisión de los jueces ha reconocido a los comunistas como "una oposición al régimen existente". Kuptsov apuntó la posibilidad de que la decisión de los jueces sea utilizada en el Congreso de los Diputados para plantear un procesamiento del presidente Yeltsin.Revanchismo

Por su parte, el abogado Andrei Makarov, del equipo de letrados que querían ver declarado al PCUS como no constitucional, manifestó que el alto tribunal había cedido "a la presión sin precedentes ejercida por las fuerzas revanchistas y procomunistas". "Yo esperaba oír una respuesta clara sobre el carácter criminal del PCUS", dijo Makarov.En una rueda de prensa celebrada anoche, Guennadi Búrbulis, el hombre de confianza de Yeltsin, trató de minimizar la decisión de los jueces, señalando que ésta es sólo el comienzo de un largo trabajo jurídico en el cual no se excluye pedir "responsabilidades penales" a los responsables del antiguo régimen comunista.

Búrbulis sugirió que estas responsabilidades pueden pedirse utilizando los documentos de los archivos del Estado soviético que hoy están en poder de la Administración rusa.

La decisión del Tribunal Constitucional excluye, según Búrbulis, que los comunistas puedan reivindicar el derecho a erigirse en "herederos" del PCUS.