Pensionistas

Dada la situación económica de nuestra nación, es justo que en lo relativo a este sector de la población (seis millones) verifiquemos su estudio basado en el principal artículo de nuestra Constitución: igualdad de todos los españoles ante la ley.Hemos de distinguir dos clases de pensionistas. Los laborales, es decir, los que han pasado sus años trabajando y cotizando durante 35 o 45 años para alcanzar el máximo, y otros solamente 15 para jubilarse con el mismo. Estos pensionistas tienen su total derecho a no sufrir ningún recorte ni pérdida de valoración actualizada, ya que las cuotas pagadas han servido para fomentar inversiones rentabilizadas en todo momento a favor del Estado y sus plusvalías muy sustanciosas.

Entre los otros pensionistas, que no han cotizado en la Seguridad Social o no han cubierto lo mínimo, tendremos que distinguir los que por consecuencia de nuestra contienda fratricida tuvieron que ausentarse, los privados de libertad y que no pudieron trabajar, y considerar estos periodos de tiempo como si hubieran realizado una vida activa.

Las pensiones de guerra (aquí para una igualdad) tendríamos que cobrarlas todos los movilizados combatientes, no distinguiéndose los soldados rasos (ingenieros, intendencia, sanidad, etcétera) de los carabineros, guardias y cuerpos de seguridad; en intendencia de campaña hubo compañías con 40 bajas; terminadas las campañas, siguieron de soldados rasos dos o tres años más, no reconociéndoseles a estos soldados ningún derecho, truncando unas juventudes y más de una carrera.

Con relación a las pensiones de los que fueron desplazados de sus destinos, algunos sólo con tres o cuatro años de permanencia en los mismos, si éstos no sufrieron persecución, no se ausentaron de España, tuvieron unos años útiles para rehacer su vida, como lo hicieron muchos pequeños empresarios totalmente despojados de sus talleres o de sus tierras; unos se rehicieron, otros se pusieron a trabajar, cambiando hasta de profesión.

Estos grupos de pensionistas tienen derecho a ser atendidos, pero en igualdad a los demás por años de cotización, para que al llegar a los 65 años no tengamos ningún miembro del colectivo de la tercera edad que no perciba la mínima, que hoy se llama asistencial y está en alrededor de 34.000 pesetas; lo ideal sería llegar en todas al salario mínimo. Hoy conozco pensionistas de orfandad de 9.000 pesetas, cuando el que originó dicha pensión fue funcionario público durante 60 años en activo.

Si se modificara este último sistema de regalo de pensiones, y además se limitara su percepción a la cotización, aunque sea en empleos diferentes -sin abandonar a los disminuidos y enfermos-, eso sería lo más justo.

Ya en 1982, por datos oficiales, en el cuadro 65 del informe económico del sector público, al 30 de junio, se llevaban pagadas por prestaciones sociales de cotizaciones ficticias 50.000 millones, lo que terminaría en dicho año por 100.000 millones como mínimo. Hoy sería muy interesante conocer el importe de las pensiones que se pagan sin base de cotización mínima y máxima.

Los beneficios y cargas del Estado han de ser distribuidos bajo el artículo de la Constitución: igualdad ante la ley para todos los españoles.-