El primer ministro John Major asegura que Isabel II accede a pagar impuestos

El primer ministro británico, John Major, anunció ayer en el Parlamento que la reina Isabel II le ha expresado su deseo de empezar a pagar impuestos. El Ministerio de Finanzas ya ha iniciado las conversaciones con la casa real británica. El anuncio se hizo un día después de que el comité de cuentas públicas de la Cámara de los Comunes solicitara una auditoría de las finanzas de cinco palacios de la familia real, que son mantenidos con dinero público.

"La Reina me ha dicho que quería pagar impuestos de ahora en adelante y ya han comenzado las conversaciones entre la Casa Real y el Ministerio de Finanzas. Cuando todo se arregle, presentaré un informe completo a la Cámara", explicó Major en el Parlamento. La intención de pagar impuestos, dijo, se extiende también al príncipe Carlos, heredero de la Corona.El primer ministro añadió que las discusiones, que se iniciaron antes del verano, deberían culminar antes del comienzo de 1993.

La "exención fiscal" de la reina, una de las mujeres más ricas del mundo, se ha convertido en los últimos tiempos en una controvertida cuestión política, sobre todo tras los escándalos conyugales que han salpicado a la familia real. Además, su fastuoso estilo de vida no resultaba demasiado llevadero para una opinión pública sumida en tiempos de crisis económica. La cuestión volvió a los titulares de los periódicos a raíz de la reparación multimillonaria del castillo de Windsor, que ardió el pasado viernes y cuya reconstrucción correrá a cargo de los contribuyentes. Esta decisión del Gobierno levantó ronchas en el Partido Laborista, que aseguró que las reparaciones (que se calculan en 60 millones de libras -unos 10.500 millones de pesetas) agravarían considerablemente el déficit público.

El anuncio se produce después de que el comité de cuentas públicas de la Cámara de los Comunes solicitara el miércoles al auditor general, John Bourn, una investigación sobre la finanzas y el estado de cinco palacios de la familia real -Buckingham, Windsor, Kensington, Clarence House y St. James- según publicaba ayer el diario The Independent.

Las cinco mansiones cuestan al erario público 24 millones de libras esterlinas al año. Esta será la primera vez que los diputados investiguen la administración de las finanzas de los palacios de la familia real.

Medidas de seguridad

El presidente de la comisión, Robert Sheldon, afirmó que el grupo estaba muy preocupado, tras el incendio del castillo de Windsor, por cerciorarse de que los palacios, que no están asegurados, contaban con las suficientes medidas de seguridad. La investigación del auditor se prolongará a lo largo de unos seis meses.El mismo miércoles, el Gobierno británico dio a conocer su intención de no modificar ni revisar la llamada Lista Civil (una subvención pública destinada a la familia real para gastos de representación, que asciende a casi 10 millones de libras al año, unos 1.750 millones de pesetas).

El Gobierno firmó hace dos años un acuerdo con la Corona por el que estos ingresos no se modificarán en 10 años. Los laboristas desean que la lista de beneficiarios disminuya considerablemente, algo a lo que el primer ministro se ha venido resistiendo.

Sin embargo, la reina Isabel II desea también salir al paso de esta polémica. Según el primer ministro, la soberana y el príncipe de Gales estudian igualmente hacerse cargo de una parte de las asignaciones dentro del marco de la Lista Civil, excluyendo los salarios de la reina madre y del duque de Edimburgo, marido de Isabel.