España, acusada de subversión en el consejo de guerra a dos empresarios en Guinea
I. CEMBRERO El fiscal del consejo de guerra celebrado ayer en Guinea contra dos empresarios españoles acusó a "la cooperación española" de intentar subvertir el régimen del presidente Teodoro Oblang. El letrado pidió 30 años de prisión para Salvador Vilarrasa, indus trial valenciano residente en Guinea, y para Santiago Hanna, español de origen libanés. Además solicitó 212 millones de pesetas por responsabilidad civil. La sentencia se conocerá el sábado.Vilarrasa y Hanna fueron juzgados durante siete horas en Bata, capital continental de Guinea Ecuatorial, acusados de importar material bélico para intentar derrocar a Obiang. La vista se celebró en un antiguo cine ante centenares de espectadores, lo que dio "un cierto aire de mitin", según familiares del empresario valenciano.
El Gobierno de Guinea ha protestado ante el Ministerio español de Exteriores por la actitud de Diego Sánchez Bustamante, cónsul en Bata y reclama su sustitución, por las denuncias de la indefensión en la que se celebró el consejo de guerra.
España buscará, por todas las vías jurídicas posibles, una sentencia favorable e incluso el indulto de los empresarios, aseguraron fuentes diplomáticas a Efe. El titular español de Exteriores, Javier Solana, afirmó ayer en Madrid que sigue el juicio "con la máxima preocupación".
Vilarrasa importó, a través de un empresa de Hanna, material militar de desecho. El fiscal guineano cree que ese material -vehículos que no funcionan, uniformes, picos y palas- iba a ser empleado en un golpe de Estado. Vilarrasa pretendía utilizar la mercancía en un aserradero qué explota en la provincia de Río Muni, señaló ayer la hermana del industrial.
El cónsul español en Bata estuvo presente en la vista, mientras que al abogado y eurodiputado Juan María Bandrés le fue impedida la entrada en el país africano para encargarse de la defensa.
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