El Gobierno se plantea anular reformas procesales de 1988 que ahora perjudican al PSOE en el 'caso Filesa'

El Gobierno cree que se equivocó al reformar en 1988 la Ley de Enjuiciamiento Criminal y establecer el llamado procedimiento abreviado, que elimina la figura del inculpado y el auto de procesamiento. Con el nuevo sistema se hacen "investigaciones universales sin que el afectado sepa de qué se le acusa, con la consiguiente falta de garantías jurídicas", asegura un ministro, que reconoce que los socialistas se sienten perjudicados en el caso Filesa.

Un sector del Gobierno intentará convencer al resto del Ejecutivo de la posibilidad de modificar esta ley para llenar las lagunas jurídicas que ahora, por el caso Filesa, afectan al propio PSOE y a los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Maria Sala.El malestar que ahora existe en el Gobierno por las "investigaciones" sobre el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala, así como por la entrada en la sede del PSOE la pasada semana de una comisión judicial ordenada por el juez Marino Barbero, sin conocer el partido formalmente el objeto de la investigación, se une al que está latente desde hace muchos meses por el caso Juan Guerra.

Miembros del Gobierno, después de señalar su escasa simpatía por el hermano del vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, señalan que el caso Juan Guerra pasará a los anales de la historia jurídica española. "Un juez especial dedicado durante más de dos años a investigar a una persona para ver qué es lo que encuentra sin saber muy bien qué es lo que busca", manifestó un alto cargo del Gobierno.

Con los últimos acontecimientos del caso Filesa, miembros del Gobierno han señalado que su propia modificación de la Ley de Enjuicimiento Criminal y el establecimiento del procedimiento abreviado ha supuesto, en la práctica, una "barbaridad jurídica", y aseguran que lo hicieron con el objetivo de agilizar los procedimientos.

Benericio propio

Este malestar, con el reconocimiento de que se equivocaron, va a ser trasladado a todo el Gobierno, si bien quienes van a defender la tesis de la modificación reconocen que no puede ser ínmediata porque la interpretación sería unánime: "Modificamos las leyes según nos afecten favorable o desfavorablemente".Miembros del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso comparten la misma tesis de quienes se quejan en el área del Gobierno y aseguran que desde la modificación existen voces en la magistratura y entre los expertos jurídicos que muestran su certeza de que se producen situaciones de indefensión.

Estas fuentes socialistas explican que, al no haber con el procedimiento abreviado auto de procesamiento e inculpados, se produce un espacio de tiempo en el que el ciudadano de que se trate-no goza de garantías jurídicas.

En el caso de los parlamentarios Navarro y Sala, se da la circunstancia de que, hasta que se pide el suplicatorio a las Cámaras para actuar contra ellos, hay todo un periodo previo, el que viven actualmente, en el que "el juez puede actuar discrecionalmente investigándolessin tener que explicar por qué les investiga". "Ahí hay una laguna jurídica que hay que llenar", señaló a modo de explicación un miembro de la Comisión de Justicia.

De ésta manera, Sala y Navarro saben que están siendo investigados desde hace muchos meses y, con el argumento de que no son inculpados ni tampoco testigos, no tienen la capacidad de defensa que, según -algunos juristas, y ahora miembros del Gobierno, resultaría inalienable en un estado de Derecho.

"Se hacen investigaciones universales de una persona por si acaso se encuentra algo y, evidentemente, no hay quien resista una investigación de ese tipo, porque seguro que todo el mundo tiene algo, aunque sean infracciones de tráfico".

De otro lado, la entrada en la sede del Partido Socialista la pasada semana de una comísión judicial es tachada de "irregular" en el "procedimiento" por ministros del Gobierno y por las mismas fuentes jurídicas del grupo parlamentario. "El PSOE no es parte en este caso porque no es querellado [los querellados son Navarro y Sala] ni querellante, es decir, se entra en su sede, se registra, se llevan documentos y no se dice cuál es el motivo".

Estas fuentes explican que el PSOE, al no estar en el procedimiento, no tiene acceso a las razones que han llevado al juez a tomar esta decisión.

Estas reformas legislativas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal comenzaron con el anterior ministro de Justicia, Enrique Múgica, que la llevó a efecto en 1988.

Otra reforma de la reforma la produjo a principios de este. año su sucesor, Tomás de la Quadra, siempre con el objetivo de agilizar los procesos.