Subida de perra gorda

LA PROXIMIDAD del precio de la gasolina a las 100 pesetas ha puesto de manifiesto la paradoja que se produce en uno de los sectores más importantes para la regulación de la actividad económica, dadas sus repercusiones en el coste de las empresas y la vida cotidiana de los ciudadanos. La gasolina, que en teoría tiene precio libre y sólo una limitación en el máximo, cuesta en todas las gasolineras de España -salvo escasísimas excepciones- exactamente lo mismo. Algo que choca con la libertad del mercado y el desmantelamiento de los monopolios.Con referencia al contexto internacional, cabe citar que el precio de la gasolina en España es el más bajo de la CE, detrás del Reino Unido y Luxemburgo, y los impuestos que el Estado recauda por cada litro (55,5 pesetas más el IVA) están en la media comunitaria. Pero no parece haber justificación para que cada compañía no mida sus fuerzas captando la confianza del consumidor en un mercado competitivo y con libertad de precios real. En el caso del carburante, la teoría es una cosa y la práctica otra. El precio puede ser libre desde que en julio de 1990 se implantó el sistema de precios máximos dictados por el Gobierno para garantizar un tope. Dicho precio lo podría fijar el operador de la gasolinera a su albedrío. Pero en la práctica es la compañía distribuidora Campsa la que lo fija.

¿Cómo se explica esto? Los accionistas de Campsa (la empresa pública Repsol y las privadas CEPSA y BP Oil España) mantienen el compromiso de actuar como concesionarias en los 4.000 puntos de venta de combustible de la antigua red controlada por Campsa y hoy repartidos entre dichos accionistas, y respetan el precio que fija la compañía distribuidora. Existe un compromiso para ajustarse a esos precios hasta que se apruebe la ley de desmonopolización definitiva -prevista para principios de diciembre- Ese compromiso se extiende también a la red paralela, creada para la entrada de multinacionales y no sujeta en teoría a ningún corsé, pero en la que la mayor parte de las nuevas gasolineras (571 sobre las 788 actuales) son de los tres accionistas de Campsa, con lo que los precios son los mismos que en la red concesionaria.

Por ello, el verdadero reto para los accionistas de Campsa se sitúa después de la entrada en vigor de dicha ley. Ya no habrá disculpa para hablar de compromiso legal cuando se pongan los precios de venta al público de los combustibles. La realidad es que el desmantelamiento del monopolio de Campsa no ha permitido hasta ahora la instalación de empresas multinacionales. Al no haber podido acceder a la red antigua de concesionarias, han desistido de implantarse en este país, dados los costes de abrir nuevas instalaciones en la denóminada red paralela.

Fuentes del propio Tribunal de la Competencia reconocen que la situación es un caso típico de anticompetencia, pero advierten que nadie ha presentado una denuncia. Campsa consiguió que, de momento, no se superase la barrera psicológica de las 100 pesetas. El precio de la súper, que ayer subió de 99,20 a 99,50 pesetas, ha rescatado del olvido las perras gordas, y ya se verá si la próxima revisión vuelve a poner otra fracción inexistente en el sistema monetario español. El precio máximo establecido para la gasolina súper es de 101,10 pesetas, pero Campsa ha preferido seguir por debajo de los 20 duros. Por poco tiempo, pues el precio recogerá en la siguiente revisión los efectos de la nueva devaluación. Pero será ya en diciembre, con lo que no repercutirá en la inflación de noviembre, que es la que marca, en su caso, la revisión de los convenios que cuentan con cláusula de garantía.