La eliminación de los topes máximos de la cotización se hará gradualmente a lo largo de varios años

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Martínez Noval, anunció ayer en el Congreso que el Gobierno asume la marcha atrás en el destope adelantada el lunes por el grupo Socialista. Martínez Noval matizó que "el Gobierno no abandonará el objetivo de igualar los topes máximos pero lo hará de forma gradual, con una adaptación en sucesivos ejercicios para no dañar a los afectados" durante la presentación del presupuesto de su ministerio para el próximo año.

El destope era una medida prevista en el proyecto de presupuestos con la que se preveía igualar los topes máximos de cotización de todos los grupos profesionales a la Seguridad Social. El Gobierno la introdujo por un doble motivo, según explicó ayer Martínez Noval a un hemiciclo prácticamente vacío durante la presentación del presupuesto de su departamento. El primer motivo es que la ley de Seguridad Social de 1985 obliga a igualar ese límite máximo de cotización para que todo el mundo cotice en función del salario que realmente percibe. El segundo es que el nivel de la pensión depende de lo que se ha cotizado, con lo que ese destope es beneficioso para los trabajadores en el momento de la jubilación.El proyecto de presupuestos Dara 1993 igualaba los topes máximos de cotización de los 11 grupos profesionales a la de los cuatro niveles más altos (y que es de 340.000 pesetas al mes). El problema, según destacó ayer el titular de Trabajo, es que esta medida provocaría una fuerte subida de los costes laborales en Ias empresas de servicios de mayor tamaño". Por este motivo, añadió, han "decidido revisar en el Senado la medida", con el objetivo de "evitar un daño grave a sectores y empresas" en un momento de crisis económica.

Telefónica: 10.000 millones

El destope había sido criticado por la patronal por su impacto en algunas grandes empresas, sobre todo en banca, seguros y otros servicios. La CEOE asegura que ese coste se eleva a 200.000 millones de pesetas yque en algunas empresas puede suponer un aumento de la masa salarial de entre el 2% y el 6%. Un caso excepcional es, por ejemplo, Telefónica, pues en esta empresa el coste de ese destope rondaría los 10.000 millones de pesetas.El problema, según Martínez Noval, es que ese menor pago a la Seguridad Social significa que "hay empresas que soportan una menor carga tributaria que otras porque en ellas predomina un grupo profesional que percibe un salario real muy superior a su cotización social". Esta situación no puede mantenerse indefinidamente y, por ello, el objetivo del Gobierno y del PSOE es arbitrar un calendario de adaptación, "a lo largo de varios años", de esos topes.

La marcha atrás significa, en primera instancia, una menor recaudación para la Seguridad Social. Esto no será un gran problema, según el ministro, también por dos motivos. Primero porque las cotizaciones están creciendo a un ritmo normal, a pesar del aumento del paro. El segundo y más relevante es que la subida de las pensiones para mantener su poder adquisitivo no tendrá que llegar al 6,4%, ya que "la inflación terminará, con seguridad, muy por debajo de esa tasa". Por ejemplo, si la inflación queda en el 5,4% en noviembre, el punto de diferencia supone un menor gasto de 45.000 millones.