Un coronel destapa la olla de la corrupción militar en Paraguay

La opinión pública paraguaya asiste, desde hace varías semanas, a hechos sin precedentes en la historia del país. Tras las denuncias de un coronel, varios generales en activo han sido suspendidos del servicio y procesados por la justicia ordinaria. Luis Catalino González Rojas, un coronel de Infantería de 52 años, casado y padre de dos hijos, rumia en su casa de Asunción sobre los hechos que le han convertido en las últimas semanas en un héroe popular.

Desde que denunció la complicidad de sus jefes en el contrabando de vehículos entre Paraguay y Bolivia en la región del Chaco, adonde acudió para comandar la IV División, González Rojas pasó 44 días en la cárcel. Ahora se encuentra en situación de disponible y espera una decisión sobre su futuro, casi con seguridad fuera del Ejército.Cuando tomó posesión de su puesto de comandante en el Chaco -una región semidesértica con una densidad de población de un habitante por kilómetro cuadrado- se extrañó el coronel del elevado número de vehículos que circulaba por aquellos andurriales. Sobre todo, porque la zona no era la ruta transchaco, el camino lógico para pasar hacia Bolivia. Las investigaciones llevaron al coronel a descubrir lo que era un secreto a voces: el tráfico, a través de Paraguay, de vehículos robados en Brasil y Argentina con destino a Bolivia. Con 13 retenes militares entre Asunción y la frontera de Bolivia, es casi imposible que el contrabando de vehículos robados funcione sin la complicidad de aduaneros y militares paraguayos.

El pasado 6 de agosto, González Rojas agarró con las manos en la masa a dos civiles que huyeron y abandonaron unas bolsas con su documentación, una pistola y hasta la licencia de armas correspondiente. Las investigaciones entre los oficiales y suboficiales a sus órdenes permitieron a González Rojas concluir que el contrabando se realizaba con la complicidad de generales.

Las sumas pagadas por sobornos variaban según la voracidad de los militares que controlaban la ruta transchaco. Algunos llegaron a exigir hasta 6.000 dólares (más de 600.000 pesetas) por cada vehículo. Esta exigencia obligaba a los contrabandistas a buscar caminos secundarios con tarifas más bajas por el peaje. González Rojas descubrió que se cobraban 5,5 millones de guaraníes (medio millón de pesetas al cambio de aquellos días) por cada camión, y que se repartían entre el cuerpo del Ejército, la VI División y la Central de Aduanas.

La denuncia de los hechos que hizo el coronel no gustó a sus superiores. El comandante en jefe del Ejército, general de división Humberto Garcete, llegó incluso a ordenar a González Rojas que devolviese 3.000 dólares a un teniente que los había recibido como soborno por el paso de unos camiones. No se acabaron ahí las sorpresas. Cuando acudió a Asunción, citado por sus superiores, el coronel se encontró en el despacho del comandante en jefe a uno de los sujetos que había estado a punto de capturar y que en la huida abandonaron la documentación y una pistola. El personaje tuvo la desfachatez de pedirle la devolución de los objetos abandonados.

Fin de la impunidad

Tras emplazar, sin éxito, a sus superiores para que tomasen medidas, González Rojas acudió a la justicia civil y con esta acción marcó un hito en la historia de la transición paraguaya. El coronel ha puesto en marcha en Paraguay lo que muchos analistas coinciden en señalar como el fin de la impunidad militar. González Rojas tuvo que pagar un precio por sus actos. Acusado de conspiración, el coronel pasó 44 días encarcelado. Cuando salió de la cárcel, una manifestación de centenares de personas le acompañó entre vítores hasta su casa en Asunción.Varios juzgados civiles iniciaron procedimientos contra los generales Garcete, Emilio Balbuena y Aladino Enciso, además del general retirado Lorenzo Carrillo, por sus implicaciones en el autotráfico y otros delitos.

Una ola moralizadora recorrió el país. Pocos días más tarde surgieron nuevas denuncias contra el flamante jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Francisco Sánchez, por sus actuaciones cuando hace tan sólo dos años era jefe de policía de Asunción. Un empresario vinculado al coronel Gustavo Stroessner, hijo mayor del dictador, acusó a Sánchez de haberlo extorsionado y obligado a firmar cheques por un valor de 70 millones de guaraníes (unos siete millones de pesetas al cambio de entonces) y de haberse apoderado de su empresa de juegos de azar. Las consecuencias fueron la destitución y procesamiento por enriquecimiento ilícito del general Sánchez.

Al coraje de un coronel se sumaron los jueces civiles, diputados que trabajan en la Comisión Investigadora de ilícitos y la postura de una prensa dispuesta a denunciar la corrupción.

¿'Kamikaze' o peón?

A la hora de interpretar la conducta de González Rojas, las opiniones se dividen. Unos aseguran que se trata de la acción de una especie de kamikaze aislado, pero la mayoría cree que el coronel ha actuado como un peón del general de División Lino Oviedo, el comandante del primer cuerpo del Ejército, la unidad militar más importante de Paraguay, la misma que mandaba el hoy presidente Rodríguez cuando dio el golpe contra su consuegro, Alfredo Stroessner.Por aquellas fechas, Oviedo no era más que coronel, pero él fue quien detuvo en persona a Stroessner y lo llevó preso con una granada de mano. Desde aquel 2 de febrero de 1989, Oviedo hizo una carrera meteórica hasta general de división. Todos coinciden en señalarle hoy como el hombre fuerte de Paraguay, más aún cuando Rodríguez tenga que retirarse y dejar la presidencia el próximo mes de mayo.