Un estudio jurídico recomienda al alcalde que siga en el Consorcio de Transportes

El Ayuntamiento de Madrid no se fía de la Comunidad ni del Consorcio Regional de Transportes, pero tampoco de sus propios técnicos. El último Consejo de Administración de la EMT discutió la contratación de un despacho de abogados privado para asesorarse en la negociación, abierta antes del verano por los responsables municipales, para decidir sobre su vinculación a este organismo. El plazo termina el próximo día 24. Los asesores han terminado un estudio en el que aconsejan continuar y llegar a un acuerdo económico, pero firmando un convenio.

La apostilla sobre la necesidad de firmar un convenio de adhesión no es anecdótica. El Ayuntamiento de Madrid, en la actualidad, no está ligado al Consorcio Regional de Transportes por este sistema. Nunca se firmó nada. El municipio de la capital aprobó su incorporación a través de un acuerdo plenario y las dos administraciones se intercambiaron a continuación las bases de intenciones. "Unos papeles", como los ha llegado a calificar el concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla.Los abogados privados de la firma Invafi, contratados por el Ayuntamiento para estudiar la situación jurídica municipal en el consorcio, se han basado en esta carencia para concluir en su informe -de unos 200 folios- que la Comunidad no tiene jurídicamente fundamentos para reclamar ningún tipo de deuda. El Ayuntamiento debe 6.013 millones desde 1990 y una cantidad similar de este ejercicio.

No obstante, los asesores han aconsejado al municipio -por el bien de los ciudadanos y de los transportes y porque no tiene sentido enfrentarse a la realidad de un organismo que funciona- llegar a un acuerdo político con la Comunidad, saldar la deuda y continuar, tras rubricar un convenio.

Eugenio Morales, concejal socialista, critica que no se haya reservado en los presupuestos dinero suficiente para cubrir la deuda, que cifra en 12.328 millones.

El convenio de adhesión, que el Ayuntamiento de Madrid discutirá en un pleno antes del próximo día 24, servirá "para asegurar la claridad de unas relaciones jurídicas complejas entre tres administraciones", argumentan estos expertos.

La contratación de la asesoría también ha sido polémica. Los representantes del PSOE e IU en el Consejo de Administración que celebró la EMT el pasado 27 de octubre rechazaron la propuesta, que significaba de hecho abonar por los servicios de estos abogados durante cinco meses 8.500.000 pesetas. El asunto entonces se paralizó. El PSOE e IU criticaron además que se contratara por parte de la EMT una asesoría para dilucidar, en general, el futuro municipal en los transportes y para aclarar de quién es la titularidad del Metro.

Los abogados llevan trabajando de hecho para el Ayuntamiento desde que los responsables, municipales cuestionaron antes del verano su permanencia en el consorcio.

Sobre la titularidad del Metro, el informe siembra dudas: "Mercantilmente es municipal, pero económicamente no. El 75% de las acciones es del Ayuntamiento, pero ejecutiva y económicamente se depende del Consejo de Administración del Consorcio y del contrato programa firmado con este organismo". La EMT también se rige, económicamente por un contrato programa con el Consorcio, pero su junta de accionistas es el pleno municipal.

Mientras, los vecinos, los sindicatos y los partidos de la oposición preparan una gran movilización en favor del transporte público. Comisiones Obreras y UGT promoverán el próximo día 17 una concentración ante la plaza de la Villa (sede del Ayuntamiento) a la que se sumarán los vecinos. En estas fechas previas repartirán 200.000 folletos informativos para caldear el ambiente. Esperanza Aguirre, concejal de Medio Ambiente, recordó ayer que el reparto de estas octavillas en la vía pública es ilegal "porque ensucia la ciudad", según la ordenanza municipal. Las multas por este concepto pueden suponer entre 10.000 y 15.000 pesetas.