El municipio pagara sus deudas con un año, de retraso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para que éste aporte al Consorcio Regional de Transportes las cantidades que adeuda del ejercicio de 1991 (4.231 millones de pesetas) a lo largo de 1993. Esta fórmula de pago aplazado también se aplicará a las deudas correspondientes a 1990 (1.700 millones), que tendrán que liquidarse antes de que acabe este año. El portavoz del Ejecutivo regional, Jaime Lissavetzky, señaló ayer que esta decisión fue negociada en la noche del pasado miércoles por el consejero de Transportes, Julián Revenga, y el concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla.Sin embargo, Lissavetzky no quiso precisar cuándo está previsto solventar la deuda municipal correspondiente a 1992, evaluada en unos 6.000 millones de pesetas. "Aún no ha terminado el año y no podemos contabilizar los gastos", argumentó. La Comunidad ha presupuestado para 1993 un total de 21.000 millones para el Consorcio, de los que 16.656 millones corresponden a gastos en Madrid.

Revenga, sin embargo, sí señaló que el pacto alcanzado compromete al Ayuntamiento en el futuro, incluso sobre las cantidades todavía no presupuestadas por el municipio este año. Fuentes de la Consejería de Transportes adelantaron también que la posible disminución en la cantidad económica que ha de entregar el Ayuntamiento acarreará una rebaja en las inversiones previstas para transportes, algo que habrá que pactar con los sindicatos y con Izquierda Unida, grupo político que sostiene al PSOE en la Comunidad.

"Si el Ayuntamiento no cumple sus obligaciones con responsabilidad se resentirán las inversiones [habrá menos dinero para comprar nuevos autobuses y vagones de metro], pero la Comunidad sólo aportará en el consorcio una peseta por cada peseta que ponga el Ayuntamiento, nosotros no podemos cubrir sus carencias económicas", advirtió el portavoz regional.

Lissavetzky recordó que las dos administraciones públicas madrileñas están sometidas a un doble compromiso. En primer lugar, con el Estado, que aporta 25.000 millones para subvencionar todos los viajes. En segundo lugar, con los ciudadanos, para que las tarifas del transporte público sólo cuesten un 60% del precio real. La vigencia del convenio de financiación estatal del transporte público para Madrid -enmarcado en el denominado plan Felipe- expira el 31 de diciembre del año próximo.

De otro lado, la Comunidad está dispuesta a negociar la representación del Ayuntamiento en los órganos de dirección del consorcio, aunque rechaza la propuesta municipal de excluir a los sindicatos y a las asociaciones de consumidores y usuarios en el Consejo de Administración. "No podemos expulsarlos, porque su participación en el Consorcio de Transportes está aprobada por una ley de la Asamblea", puntualizó Lissavetzky, quien reconoció que, " en el fondo, el problema del Ayuntamiento de Madrid es que no tiene dinero".