Las disputas entre el municipio y la Comunidad amenazan el salario social de 5.800 familias

Las disputas entre las dos administraciones madrileñas -el Ayuntamiento y la Comunidad- se recrudecen con los recortes presupuestarios. El salario social, uno de los programas estrella del Gobierno de Joaquin Leguina, iba destinado a sacar de la miseria a 25.000 vecinos con escasos ingresos. Las 5.815 familias de la capital que perciben el ingreso, madrileño de integración (IMI) -54.6013 pesetas para un matrimonio con dos hijos- pueden quedarse sin el subsidio el año que viene, tras la eliminación de una partida de 548 millones de los presupuestos locales y el despido de 210 trabajadores sociales. La reunión que celebraron ayer los representantes municipales y autonómicos concluyó sin ninguna solución.

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La concejal de Servicios Sociales, Ana María García Armendáriz, admitió: "La Comunidad no va a dar nada para personal [pago de los asistentes sociales]; se ha aplazado la solución para más adelante". El conflicto del salario social surge ante la previsible rescisión de los contratos de los 210 traba jadores municipales que gestionan el IMI en la capital. La concejal confirmó ayer que carece de fondos para renovar los contratos de 150 asistentes so ciales y 60 administrativos aunque podrá "regularizar su situación" -mediante la con vocatoria de una oposición cuando la Comunidad firme un convenio de financiación. El Ayuntamiento pretende que el Gobierno regional se comprometa -en un acuerdo en el que también puede esta integrada la Administración central- a subvencionar los servicios sociales en Madrid en la misma medida que lo hace en el resto de los municipios. "No tiene por qué ser el 66% de los gastos, como en otros ayunta mientos, pero sí una cantidad normal", reclamó García Armendáriz, quien estima que la "negativa de la Comunidad a aportar dinero es absoluta". "Sopa boba" Al reducirse las partidas municipales del salario social -que pasan de 748 millones en 1992 a 200 millones en 1993-, los 2.316 millones que destina la Comunidad para el pago del IMI se quedan sin los asistentes sociales encargados de gestionarlos. Este subsidio tiene como finalidad la reinserción en la sociedad de los colectivos más marginados por su pobreza. La consejera de Integración Social, Elena Vázquez, considera que si el IMI no va acompañado de programas de empleo, educación y vivienda se convierte en "la sopa boba para los pobres". La consejera advierte que hay que pagar lo mismo a Madrid que a Parla, uno de los municipios con menores niveles de renta. "Se puede negociar la cuantía de las aportaciones, pero no un tratamiento de igualdad, ya que el IMI es un fondo de solidaridad". Sin embargo, la Comunidad está dispuesta a transferir más de 300 millones de pesetas al Ayuntamiento para programas sociales concretos, siempre que haya un mayor esfuerzo presupuestario municipal. "Si nosotros ponemos todo, el Ayuntamiento qué pone, ¿los pobres?", se preguntó la consejera. Según sus datos, el Ayuntamiento sólo ha aumentado entre 1989 y 1992 un 1% sus gastos sociales que representan el 2,5% de sus presupuestos. Elena Vázquez aseguró que si el Ayuntamiento desmantela los servicios sociales que gestionan el IMI en la capital tendrá que "replantearse" su actuación. Fuentes de la Consejería de Integración Social han señalado que la Comunidad estudia aplicar directamente medidas contra la pobreza en los distritos de Madrid. En el conjunto de sus programas -salario social, lucha contra la droga y residencias de ancianos-, el Gobierno autónomo gasta en la capital 20.000 millones. Los sindicatos UGT y CC OO, que también participan en la comisión de seguimiento de IMI, criticaron ayer al Ayuntamiento por "utilizar a la población más marginada como rehén en su pelea económica con la Comunidad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0011, 11 de noviembre de 1992.