El PSOE y Filesa
EL 'CASO Filesa' se ha convertido en paradigmático de hasta dónde llegarán los jueces en la investigación de la presunta financiación irregular de los partidos políticos, en particular, y de la corrupción política, en general. Pero el caso Filesa, a la vista de cómo se está desarrollando, marcará también una línea en las relaciones entre el poder judicial y los otros dos poderes esenciales de la democracia: el ejecutivo y el legislativo.Las recientes declaraciones del fiscal general del Estado y del ministro de Justicia sobre la actuación del juez instructor del caso, y la frontal oposición del PSOE, con su escrito al Congreso y al Senado, al procedimiento utilizado para que la justicia conozca de su actividad en relación con los posibles delitos que se investigan en el caso Filesa, constituyen indicios de que alguien podría pretender crear una zona de impunidad a la actividad económico-financiera de los partidos.
Los autores de las declaraciones referentes a la actuación del juez instructor, el magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero, han rechazado el que hayan supuesto injerencia alguna en el proceso. El juez instructor ha informado al pleno de la Sala Segunda, de la que forma parte, que se sintió perturbado por tales declaraciones, que "en nada favorecen el sosiego y la tranquilidad de que debe gozar todo juez en el ejercicio de su función". Pero al menos hasta ahora no ha apelado, que se sepa, al Consejo del Poder Judicial, que es el órgano encargado de entender en este tipo de casos.
No es fácil discernir si una declaración supone, objetivamente o no, una injerencia capaz de condicionar la independencia del juez. Lo que importa es saber si el juez se siente afectado y condicionado en su función. Pero, además, el sentimiento del instructor del caso Filesa se asienta sobre la base de que los autores de dichas declaraciones son los máximos responsables de instituciones con competencias de diversa índole en el ámbito de la justicia. Si desde determinadas instancias políticas se airean cuestiones internas de un proceso que afecta al partido del Gobierno, no es aventurado deducir que, con ello, se busca crear un estado. de opinión capaz de influir en su desarrollo.
El rotundo rechazo del PSOE a que el juez instructor investigue algunos aspectos de su actividad económico-financiera presumiblemente relacionados con los flecos delictivos del caso Filesa refuerza tal presunción. El juez ha requerido al PSOE para que certifique sobre los cargos desempeñados en el partido por los diputados Carlos Navarro y Jose María Sala y para que aporte una serie de datos contables relativos a los ingresos y pagos correspondientes a los ejercicios de los años 1988 a 1991. La negativa del PSOE a cumplimentar el requerimiento judicial es inquietante, y no porque no puedan ser cuestionados ante la propia justicia algunos de los aspectos del requerimiento, sino por los argumentos de que echa mano para eludirlo y por mezclar al Parlamento en un asunto judicial que atañe al PSOE. No se puede olvidar que los querellados son destacados militantes socialistas presuntamente relacionados con actividades de las se habría beneficiado dicho partido.
La certificación solicitada por el juez instructor no se refiere a la condición de parlamentarios de Carlos Navarro y Josep Maria Sala, sino a la de sus funciones orgánicas en el partido. Al Parlamento le correspondería, ciertamente, certificar la primera, pero al partido la segunda, salvo que se pretenda confundir ambas para obstaculizar la investigación judicial. De la misma manera, el requerimiento del juez no atañe a la financiación del PSOE ni a su actividad económico-financiera como tal, sino a determinados documentos que podrían estar relacionados con los delitos que se investigan (falsedad en documento mercantil y público, delito fiscal y contra la Hacienda Pública y malversación de caudales públicos, entre otros). Contraponer y sobreponer, como hace el PSOE, la función fiscalizadora que corresponde al Tribunal de Cuentas a la función jurisdiccional de los tribunales de justicia es tanto como revindicar para los partidos políticos un espacio de actuación inmune al Código Penal. Es correcto alegar lo que proceda en derecho contra el requerimiento judicial del instructor del caso Filesa. No lo es cuestionar la legitimidad del poder judicial para investigar presuntas actividades delictivas de los partidos políticos con el pretexto de que éstos gozarían de un régimen jurídico especial que les protege de dicho control.
Un partido político cuyos dirigentes han echado con frecuencia sobre los tribunales de justicia la responsabilidad de decir la última palabra en los casos de corrupción no duda en negársela cuando tratan de pronunciarse en un caso que le afecta. Por este camino el deterioro institucional está servido. Es posible que el Estado democrático pueda sobrevivir con la corrupción política a cuestas, pero es improbable que pueda hacerlo si se boicotean los resortes que tiene a mano para hacerle frente e impedir que los corruptos campen por sus respetos.
