Parlamento de todos

LA TANTAS veces prometida reforma del Reglamento del Congreso parece encontrar dificultades añadidas para plasmarse en un proyecto consensuado entre las fuerzas políticas y acorde con las funciones esenciales del Parlamento. Si las reticencias del Partido Popular ante dicha reforma respondieran realmente a las causas que denuncia -retoques unilaterales en beneficio del PSOE y de algún otro grupo parlamentario-, estaríamos asistiendo a una inadmisible maniobra manipuladora de las reglas de juego de la institución básica del sistema democrático.Una reforma del marco reglamentario del Congreso que no quiera perpetuar los males del actual o propiciar otros nuevos, debe tener en cuenta, ante todo, que la Cámara baja es una institución tanto de la mayoría gobernante como de la oposición, y, dentro de ésta, también de los grupos minoritarios. Que sobre esta consideración primen de forma exclusiva motivos de política coyuntural sería tanto como hipotecar nuevamente durante años el pleno desarrollo de la función parlamentaria. Es algo que ha ocurrido con el reglamento vigente, elaborado en 1982 con la obsesión de facilitar a UCD los mecanismos suficientes para poder gobernar sin agobios con mayoría relativa, pero que ha beneficiado ante todo a los Gobiernos de mayoría absoluta del PSOE y que puede seguir ocurriendo si la reforma que se prepara se hace a la medida de los previsibles Gobiernos de coalición parlamentaria que se barajan para el futuro.

El objetivo del nuevo Reglamento del Congreso no debe ser otro, salvo que nazca ya muerto, que devolver al hemiciclo el protagonismo que le corresponde, haciendo de sus órganos -ponencia, comisión y pleno fundamentalmente- lugares para el debate y acercando su ritmo de actuación al de la sociedad. Si la reforma que se prepara buscara por encima de todo proteger los intereses, presentes o futuros, de la actual mayoría gobernante, se estaría reincidiendo en el mal que más daño está causando a las instituciones democráticas: su burda y desmedida utilización partidaria. Un mal del que sólo podrá curarse el sistema político en su conjunto si se hace todo lo posible por preservar del mismo a su institución más representativa: el Parlamento.