Las condiciones que pide el PP

El concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla, calificó de "absurdo y demagógico" el hecho de que el Consorcio Regional de Transportes hubiese convocado la reunión de ayer, y adelantó que el Ayuntamiento seguirá en este organismo con dos condiciones: que los demás municipios de la región paguen más para el transporte en la capital y que la aportación estatal para el metro y la EMT vaya a estos servicios. El Ayuntamiento pide también más representatividad en el consejo de administración del consorcio.El presidente del consorcio y consejero regional de Transportes, Julián Revenga, ofreció estas explicaciones para desmontar las tres reclamaciones: la Comunidad pone tanto o más para el transporte en Madrid como el Ayuntamiento (16.656 millones previstos en 1993 en los dos casos) y además establece una partida especial para la comunicación con la periferia (5.000 millones más). El transporte interno, en esos ayuntamientos, se sufraga exclusivamente desde las arcas municipales. El Estado abona ahora 23 pesetas por viajero, independientemente del medio de transporte utilizado, y en 1993 incrementará esta subvención en dos pesetas.

Hay que modificarlo

El Ayuntamiento está en minoría en el consejo de administración del consorcio. Este hecho es reconocido por todos y se quiere modificar. Sin embargo, el órgano ejecutivo del consorcio -la comisión delegada- está compuesta al 50% por dos políticos de la Comunidad (consejero y viceconsejero) y otros dos del Ayuntamiento (concejales de Circulación y de Urbanismo), y todas sus decisiones se toman por unanimidad.

Revenga no sólo es cuestionado por el PP. Los consejeros de Izquierda Unida también le criticaron por haber "dado un nuevo balón de oxígeno" al equipo de Gobierno municipal al retrasar las aportaciones del Ayuntamiento al consorcio. IU considera que se está utilizando el transporte público como una moneda de cambio en la lucha política. Este partido señala, sin embargo, que el Ayuntamiento cuenta con la misma representación en la comisión delegada del consorcio que la que tiene la Comunidad.

"Los interlocutores del Ayuntamiento, el concejal de Transportes y el consejero de la Comunidad Julián Revenga, deben ser sustituidos inmediatamente porque su trabajo no ha sido útil y porque se han demostrado incapaces en 14 meses para solventar este problema y sólo han conseguido dilatar en el tiempo su solución", señaló Pestaña.