El PP propone ahorrar 680.000 millones, casi todo con privatizaciones

El conjunto de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a los Presupuestos Generales del Estado para 1993 representan una disminución del gasto de 680.000 millones de pesetas basada en la privatización de las empresas públicas, según sus propios cálculos. Por su parte, dentro de las enmiendas de Convergència i Unió (CiU) destaca un amplio paquete dedicado a la fiscalidad, en especial a la reforma del impuesto de sociedades.

La base de la reducción del gasto que propugna el partido que encabeza José María Aznar se encuentra en la privatización de empresas públicas. Por este concepto, el PP piensa que se pueden obtener el año próximo 450.000 millones de pesetas. Esta cantidad, según señaló el diputado popular Ramón Aguirre en rueda de prensa, "iría íntegramente destinada a la amortización de la deuda pública en circulación".Aguirre matizó que este plan de privatizaciones no supondría perder el control de las empresas, "sino que lo que se pretende es diversificar el reparto accionarial de las compañías públicas".

El plan de ajuste del PP se completa con una reducción de los gastos corrientes de 30.000 millones de pesetas y un reajuste en la Administración (con la desaparición de cuatro ministerios y 90 organismos públicos) que supone otros 200.000 millones de pesetas de ahorro.

Además, el Grupo Popular propone restablecer las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) incluidas en la ley de reforma de 1991, deflactadas (rebajadas según la inflación) en un 5%. También sugiere que el incremento salarial para los funcionarias durante el año próximo sea del 4%.

Por su parte, las enmiendas de CiU se detienen con detalle en los temas fiscales, las transferencias autonómicas y la flexibilidad del mercado laboral. Dentro del apartado fiscal, lo más reseñable se refiere al impuesto de sociedades, proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Economía y Hacienda.

El nuevo esquema fiscal propuesto por CiU para las empresas gira en torno a suavizar la presión y en incentivar la presencia exterior de las compañías españolas. Tal vez la enmienda más importante en este sentido es la que solicita una reducción del tipo impositivo del 35% al 30% "a las empresas que no distribuyan sus beneficios y los reinviertan en la propia empresa".

Al igual que el Partido Popular, el grupo parlamentario catalán pide que se vuelva a la tarifa del IRPF de la ley del 91, con una deflactación del 5%. En el caso de los funcionarios, CiU también solicita un alza salarial del 5%, superior a la propuesta por el Gobierno.

Convergència, además, sugiere, que, dentro del primer trimestre de 1993, el Gobierno modifique "la legislación laboral al objeto de simplificar las modalidades de contratación hoy existentes y de flexibilizar las actuales rigideces que actúan sobre el mundo laboral".

El grupo parlamentario catalán también se muestra partidario de emprender un amplío plan de privatizaciones con el que se lograrían 250.000 millones de pesetas.