El sistema de prestaciones por desempleo seguirá siendo público con la reforma del Inem
El sistema de prestaciones contributivas de desempleo seguirá siendo público y un derecho de los españoles que aprueban las Cortes pero que gestionarán empresarios y sindicatos. Ese es el modelo del Gobierno que ayer explicó a los agentes sociales el secretario general de Empleo, Jesús Arango. El Estado está dispuesto a aportar los fondos necesarios para que el sistema nazca saneado. A partir de ahí se financiará bajo el principio de "la autosuficiencia" y corresponderá a los agentes sociales decidir si el déficit se cubre con aumento de cuotas, rebaja de prestaciones o las dos a la vez.
El nuevo organismo que se ofrece a empresarios y sindicatos, cuya naturaleza jurídica está por discutir, fija el tipo de cotización, la cuantía de la prestación contributiva y el tiempo en que se recibe, pero en función de criterios de reparto y no de capitalización. Empresarios y sindicatos deciden esos extremos, que luego se someten al control de las Cortes y a su aprobación por ley, lo que determina su carácter público. La cotización sigue siendo obligatoria para empresarios y trabajadores y va a la Seguridad Social que luego por convenio u otra fórmula la cede a esa institución mutual.El organismo paritario estará sujeto al control del Parlamento (cualquier modificación que introduzca también tienen que aprobarla las Cortes) y la situación financiera será vigilada por la Intervención General del Estado. Asimismo, corresponderá al Parlamento la aprobación del presupuesto que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado.
Todo ello avala que el sistema sigue siendo público, según precisó ayer el ministro de Economía, Carlos Solchaga, quien asegura que el Estado está dispuesto a aportar los fondos que haga falta para que el sistema empiece a funcionar de forma equilibrada, pero nada más. En definitiva, el Estado garantiza que entrega un negocio limpio y saneado financieramente, porque "no se trata de endosar déficit ninguno, pero recibe la garantía de que luego las desviaciones no nos las echan encima".
Los empresarios y sindicatos, en caso de que acepten la propuesta, tienen que garantizar el equilibrio financiero del sistema. Los déficit que se produjeran no los cubriría el Estado con créditos extraordinarios.
La idea del Ejecutivo es que con ese modelo se podrá controlar el fraude, algo que el Inem. no puede hacer por falta de medios. El Inem se queda como agencia pública, única y gratuita de colocación, como hasta ahora, y con la tarea fundamental de dar formación profesional a los parados.
Si alguna de las partes rechaza el proyecto éste no se pondrá en marcha y las prestaciones de paro -contributivas y asistenciales- pasarían del Inem al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) que tiene más medios.
El miércoles pasado, horas antes de la intervención de Solchaga en el Parlamento, el Gobierno informó de la propuesta a los líderes de CEOE, UGT y CC OO, José María Cuevas, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez. En la mesa de reforma del Inem no se expuso esa oferta hasta la reunión de ayer.
