La auditoría de una empresa de Planasdemunt descubrió que operaba con dinero negro

La auditoría de BP, Professionals Associats, una de las empresas propiedad de Jordi Planasdemunt y Joan Basols implicada en el llamado fraude de los pagarés, detectó en su informe correspondiente al año 1990 la posible existencia de operaciones con dinero negro.Juan Cortés, auditor que suscribe el informe sobre BP, que en aquel momento operaba como Medmarket, señala que determinadas "operaciones que originan gastos e ingresos carecen de soporte contable adecuado, si bien su contenido ha sido certificado por el Administrador", en una referencia indirecta a la ausencia de datos sobre clientes de la empresa. Expertos auditores han señalado que esta frase revela que un volumen significativo de operaciones se registraba sin incluir el nombre de la persona que aportaba inversiones.

Jordi Planasdemunt, ex director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dependiente de la Generalitat, firmó las cuentas de resultados de BP cerradas el 31 de diciembre del pasado año. Esta firma, que obviamente tuvo que ser estampada durante el año 1992, figura al pie de la cuenta de resultados de la empresa en su calidad de miembro de su consejo de administración. El hecho de que aparezca la firma de Planasdemunt implica además que ejercía su cargo como consejero responsable, incurriendo, según todas las apariencias, en incompatibilidad con su cargo en el ICF. En BP, a diferencia de BFP -la que destapó el escándalo- no aparece como socio el promotor inmobiliario Salvador Forcadell.

Planasdemunt, quien junto con sus dos socios y otras seis personas permanecen en prisión por esta causa, era el máximo responsable del instituto oficial encargado de conceder créditos y avales a empresas privadas que solicitaban ayuda de la Generalitat. El juez que instruye la causa, Lluís Pascual, ha solicitado al ICF la lista de empresas beneficiarias de dichos créditos y avales a fin de comprobar si aparece alguna de las sociedades implicadas en el fraude.

Según fuentes próximas a la defensa de uno de los implicados, BP era una de las empresas encargadas de comercializar los pagarés, cuya emisión y posterior incobro acabó desencadenando el escándalo.

El consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, declaró ayer como testigo ante el juez y el fiscal que de este caso, en su calidad de responsable político del ICF. La declaración de Alavedra, que duró media hora, se realizó en su despacho oficial.