13 y martes

El autor responde al socialista Alfredo Tejero, ex concejal de Hacienda, quien sostenía que los tributos locales de Madrid han elevado la presión fiscal de una forma desconocida en los últimos 10 años sobre las empresas de nueva creación.

El 13 y martes -día aciago para los supersticiosos- me encuentro en EL PAÍS con un artículo que por su significativo título atrajo mi atención: Una política fiscal contra el desarrollo mádrileño. Su contenido me hizo ver rápidamente el desvarío de su autor, la incoherencia de su disposición y la frivolidad de su argumento. El negro día se había cobrado, su primera víctima. Su lectura me hizo pensar que el autor iba a criticar la política fiscal del Gobierno, ya que cualquiera sabe que solamente los tributos del Estado pueden servir como auténticos instrumentos de política económica y fiscal, y que los tributos locales, sólo en muy pequeña medida, pueden servir para coadyuvar o corregir los desequilibrios de un sistema fiscal general. Lo contrario produciría movimientos indeseables de personas y capitales de un municipio a otro.Entre los impuestos que integran el sistema tributario local surgido de la nueva ley elaborada por el Gobierno socialista, el más desafortunado es, sin duda, el impuesto sobre actividades económicas. Desde todas las instancias del Partido Popular (PP) y desde el Ayuntamiento de Madrid se ha solicitado reiteradamente al Gobierno la suspensión de su entrada en vigor porque efectuaba un reparto asimétrico de la carga tributaria, porque entendemos que era susceptible de perfeccionamiento y porque era imperativa su articulación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sociedades, mediante la oportuna deducción en la cuota de dichos impuestos, y todo ello sin olvidar la infraestructura necesaria no sólo para facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino para que la Hacienda estatal pudiera elaborar un censo del impuesto que alcanzara a la. totalidad de los contribuyentes de los impuestos que sustituye, no dándose despropósitos tan importantes como que el censo de Madrid elaborado por el Ministerio de Hacienda sólo alcanza al 50% del total.

Una falacia

La pretendida neutralidad del IAE es una falacia, ya que reparte la carga tributaria de forma absolutamente desigual, beneficiándose algunos sectores de producción, normalmente aquellos en que se produce una mayor acumulación de capital financiero, en detrimento de otros, y especialmente perjudicados resultan los profesionales.

De esta fuerte subida de cuotas para unos contribuyentes y la disminución para otros no es responsable el Ayuntamiento de Madrid, sino que hay que buscarlo en los aledaños de la calle de Alcalá. El impuesto sobre actividades económicas es así -como diría Italo Calvino- la historia de un despropósito rampante.

Por otra parte, resulta sorprendente que personas o sectores que carecen de autoritas por su historia reciente y que defienden postulados socialdemócratas intoxiquen a la opinión pública por la actualización del tipo impositivo del IBI conforme al IPC en un 7% para el año 1993. Sobre todo si te nemos en cuenta que el partido so cialista, durante los años 1983 a 1986, subió la contribución territorial urbana un 134,95%, voracidad recaudatoria a la que tuvieron que poner fin por una parte el Tribunal Constitucional y por otra el voto de la mayoría de los madrileños. Madrid sigue teniendo el tipo impositivo de IBI más bajo de todas las ciudades: el 0,46% para 1993, y si sirve de consuelo, ahí van algunos datos: Barcelona, el 0,86%; Sevilla, el 0,78%; Bilbao, el 0,84%; Getafe, el 0,93%; Aran juez, el 0,95%.

El autor del artículo, viejo conocido de los sufridos contribuyentes madrileños, por su voracidad recaudatoria, debía conocer la influencia real de los diversos tributos, estatales y locales, para articular una política fiscal, y lo lógico sería que, en lugar de sacar a la luz pública los atropellados criterios que esboza, hubiese, empezado por entonar un mea culpa. Tendría que haber reconvenido a sus compañeros en el Gobierno de la nación por haber reducido nuestra renta disponible con la subida retroactiva de las tarifas del IRPF, por haber subido el IVA un 16% y los impuestos especiales, como el de la cerveza, en más de un 100%. Estas medidas sí que demuestran la inexistencia de una política fiscal por parte del Gobierno, y que tienen como exclusivo fin el incrementar el nivel de ingresos del Estado para hacer frente a sus gastos consuntivos, logrando, además, cercenar el desarrollo económico. Podemos añadir el traspaso a las empresas del país del coste de la incapacidad laboral transitoria y el ajuste que a través de la Ley General de Presupuestos del Estado recaiga sobre los sueldos de los funcionarios.

Madrid es la Cenicienta, la Malquerida, la gran abandonada del Estado y de su comunidad autónoma. A los madrileños, contribuyentes netos del Estado, el Gobierno ni siquiera le paga lo que es exigencia legal, su participación en los tributos del Estado, adeudándonos en la actualidad cerca de 20.000 millones. Parece que el Gobierno del Estado y el de la comunidad tratan de impedir que Madrid funcione.

Es paradójico que se nos acuse de realizar una política fiscal contra el desarrollo madrileño, y que lo hagan precisamente los socialistas, culpables únicos de elevar la presión fiscal y de hacerlo de manera injusta y antisocial. El Partido Popular, en el Ayuntamiento, seguirá instando al Gobierno para que modifique el sistema fiscal general y el local en particular, que es incapaz de garantizar la suficiencia financiera de las corporaciones locales.

Al señor Tejero, antiguo concejal de Hacienda, le ruego que, en lugar de confundir a los madrileños, se dedique a defenderlos y le exija al Gobierno que pague al Ayuntamiento lo que le debe, que establezca un sistema. tributario local más justo y que, junto con la comunidad autónoma, coopere con el Ayuntamiento, destinando una parte de lo que pagamos los madrileños a superar las deficiencias estructurales que padecemos. Este trato, que Madrid no merece, ha sido fruto, históricamente, de una "culpabilidad mesocrática", y, hoy, de unas decisiones de gasto público que dependen de los sectores dominantes del PSOE.

es concejal de Hacienda de Madrid.