El Constitucional ampara el derecho a letrado pedido por el Defensor del Pueblo

El Constitucional ha amparado a un grupo de trabajadores a los que varios órganos judiciales negaron su derecho a recurso cuando habían tenido que cambiar de abogado como consecuencia del elevado importe de los honorarios, 100.000 pesetas, exigidos por el primero de los letrados al que acudieron. El alto tribunal, a petición del Defensor del Pueblo, anula las resoluciones que negaron el derecho al recurso y retrotrae las actuaciones para que el letrado de oficio pueda recurrir.El origen del caso fue una reclamación sobre prestaciones de desempleo desestimada por la Magistratura de Trabajo de Melilla. Los afectados decidieron recurrrir, pero ante los elevados honorarios "mínimos" exigidos por el letrado designado, solicitaron abogado del turno de oficio. El retraso produjo la caducidad del recurso, según los órganos judiciales competentes.