Gobierno y obispos ultiman el acuerdo sobre financiación que pondrá fin al 'impuesto religioso'

El sistema de financiación que acabará con la asignación tributaria, el llamado impuesto religioso, comenzará a aplicarse, según todos los indicios, en 1993. El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española ultiman un acuerdo que sustituirá esta vía de sostenimiento económico de la Iglesia católica por las donaciones directas de los fieles, que gozarán de exenciones fiscales. Esta fórmula afectará también a los contribuyentes de confesión musulmana, protestante o judía, que no disfrutan de la asignación tributaria pero tienen suscritos acuerdos con el Estado.

La nueva fórmula de sostenimiento económico de la Iglesia católica fue propuesta por el Ejecutivo socialista a la jerarquía española durante la pasada primavera. La propuesta contempla el mantenimiento del impuesto religioso y de la ayuda complementaria que el Estado aporta en virtud de los acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979 hasta que la Iglesia católica alcance su independencia económica a través de las donaciones directas de los fieles. En este último momento, para el que la propuesta del Ejecutivo no establece un plazo, desaparecerán la asignación tributaria y el complemento del Estado.

La Iglesia católica obtuvo a través del denominado, impuesto religioso, y con cargo al ejercicio de 1990, 10.612 millones de pesetas. Esta cantidad, que unos cuatro millones de contribuyentes destinaron a la Iglesia a través de la declaración de renta efectuada en 1991, fue completada por el Estado con 4.587 millones.

De esta forma, la Iglesia católica obtiene unos ingresos anuales de 15.000 millones, cantidad que no es revisada desde 1990. Ese año concluyó el periodo de tres años establecido en los acuerdos con la Santa Sede para que la Iglesia alcanzara la autofinanciación a partir de la entrada en vigor de la asignación tributaría. La conclusión de un acuerdo comportaría la actualización de los 15.000 millones que por una u otra vía recibe la Iglesia.

Presupuestos

El director general de Asuntos Religiosos, Dionisio Llamazares, ha reconocido a este diario que "es posible" alcanzar un acuerdo sobre la financiación de la Iglesia católica a través de las donaciones de sus fieles a la Iglesia católica antes de que concluya este año. También ha señalado que está por definir si las desgravaciones de que disfrutarían estos contribuyentes serán sobre la cuota líquida o sobre la base imponible y el porcentaje de exención, que sería superior al 10%.

Si Gobierno y obispos alcanzan un acuerdo durante este trimestre, quedaría reflejado en la Ley de los Presupuestos Generales para 1993. A partir de este ejercicio económico, la Iglesia, como institución, tendría durante un periodo transitorio tres vías de financiación: la aportación del Estado, el impuesto religioso y las donaciones de los fieles. Los ingresos a través de las dos, primeras vías irían disminuyendo hasta su desaparición a medida que aumentaran las cantidades aportadas por los fieles.

La aplicación de esta nueva fórmula no comportaría la desaparición de los beneficios fiscales de que disfrutan aquellos contribuyentes que hacen donaciones a entidades sin ánimo de lucro, como Cáritas u otras entidades de carácter social que no dependen de la Iglesia.

Dudosa constitucionalidad

Estos contribuyentes, como ocurre actualmente, podrían desgravar un 10% de la cántidad donada. El nuevo sistema acabaría con el denominado impuesto religioso, dé dudosa constitucionalidad porque puede entrar en colisión con la aconfesionalidad, del Estado y el principio de igualdad del gasto público. Para el director general de Asuntos Religiosos, "Cuando nos planteamos la conveniencia de un nuevo sistema no lo hacemos por capricho. Lo estamos haciendo por que tenemos nuestras dudas de la constitucionalidad de la actual asignación tributaria", informa Europa Press.

Para Llamazares, resulta difícil concebir los ingresos que se pasan actualmente a la Iglesia y que suponen una deducción de los impuestos. "¿Se concibe como una contribución al gasto público?", se pregunta el director general de Asuntos Religiosos. "En este caso, quiere decirse que la actividad de la. Iglesia católica es actividad del Estado. Por lo tanto, estaríamos en un régimen de confesionalidad. Difícilmente sería componible con el principio de no confesionalidad", añade. "El ciudadano que decide que parte de sus impuestos vayan ahora a la Iglesia contribuye menos para escuelas, carreteras, etcétera, que aquel que no rellena la casilla", concluye Llamazares.