España encabeza la oposición al intento británico de limitar los poderes de la Comisión Europea

España no va a aceptar el proyecto británico de recortar las competencias legislativas de la Comisión Europea, tal como se recoge en un borrador aprobado inicialmente por el Coreper (Comité de Representantes Permanentes de los Doce), que se discutirá en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CE el lunes en Luxemburgo. El Gobierno considera que la aplicación del principio de subsidiariedad no puede conllevar la creación de un desequilibrio entre las instituciones comunitarias y la instalación de un procedimiento de obstrucción incontrolable.

La batalla de la subsidiariedad no ha hecho más que empezar. El jueves se conoció el proyecto británico de crear un procedimiento de guillotina para limitar el poder de iniciativa legislativa de la Comisión Europea. El Coreper lo aprobó el miércoles en una primera lectura para su inclusión en el orden del día del Consejo de Ministros el próximo lunes.Con el texto definitivo en la mano, los representantes españoles en Bruselas han dado a conocer la posición española, que será de presentar una objeción de principio y de recabar a la vez la solidaridad de otros socios europeos, principalmente de Italia y los tres países del Benelux.

El texto británico propone la aplicación de la prueba de la subsidiariedad desde el mismo momento de su aprobación por el Consejo de Ministros, sin esperar a que concluya la ratificación del Tratado de Maastricht. Según distintas fuentes consultadas, el primer ministro británico, John Major, pretende llevar este texto, junto al Tratado de Maastricht, a la Cámara de los Comunes, para su aprobación y discusión conjunta, y conseguir así el apoyo de los euroescépticos de su propio partido. El meollo del proyecto consiste en convertir el juicio sobre la subsidiariedad en una cuestión vinculada al procedimiento, cuestión que han descalificado varios juristas consultados por EL PAÍS.

La prueba de la subsidiariedad tiene como enorme inconveniente, según estas fuentes jurídicas, la introducción de un principio de politización del Tribunal Europeo, al que se le atribuye la última opinión en todas las cuestiones polémicas que han sido aparcadas por el Consejo de Ministros. Esto es lo que sucedió en su día con el Tribunal Constitucional en España, al que se recurría sistemáticamente cuando no se obtenía satisfacción por parte del Gobierno o del Parlamento. "Se judicializa la vida comunitaria y se politizan los órganos jurídicos", comentó uno de los juristas consultados.

Fuentes de la Comisión consideran que, con este proyecto, el principio de subsidiariedad puede convertirse en una prueba de oportunidad de una iniciativa legislativa, a criterio de la mayoría simple de los Estados miembros. La subsidiariedad prevista en el Tratado de Maastricht, significa, por el contrario, que la Comunidad Europea no debe tomar iniciativas en los campos en los que sea más adecuada una iniciativa de los Estados miembros, sus regiones o sus municipios.

Francia y Alemania

Los Gobiernos de Francia y Alemania, que han apoyado a fondo hasta ahora el Tratado de Maastricht, han mantenido una actitud de discreto asentimiento ante el proyecto británico, en una actitud que ha sido acogida con preocupación por el Gobierno español. No se descarta que los dos grandes del Continente hayan decidido realizar una cesión de gran calado a los británicos, aún a costa de introducir un peligroso elemento en el funcionamiento de la CE. España ha hecho saber que no aceptará ninguna declaración interpretativa del Tratado de Maastricht ni ningún desarrollo del principio de subsidiariedad que suponga una alteración del actual equilibrio entre instituciones de la CE, que pueda vaciar de contenido sectores y campos de acción o que se aplique a temas vinculados al presupuesto comunitario.

Si prosperara el actual texto y se aplicara inmediatamente, no se descarta que aspectos del paquete Delors II (nombre que recibe el marco presupuestario para los años de 1993 a 1997) pudieran quedar en la cuneta. En el trasfondo de la objeción española se halla, naturalmente, el fondo de cohesión, destinado a proporcionar un suplemento de inversiones comunitarias en infraestructuras y medio ambiente a los países con mayores dificultades para la convergencia económica.

La propuesta británica significa recuperar una vieja filosofía, prácticamente periclitada en los últimos 20 años de historia comunitaria, que se debe a los recelos del general Charles de Gaulle ante la capacidad de decisión que proporcionaba las mayorías cualificadas en la fijación de los precios agrarios en los años sesenta. Durante seis meses Francia se retiró de todas las instancias de la Comunidad hasta que obtuvo, en los llamados Acuerdos de Luxemburgo de enero de 1966, la obligatoriedad de recurrir al voto por unanimidad cuando un Estado miembro considera que están en juego sus intereses vitales.