El agua, ejercicio para la concordancia

España es un país periódicamente sometido al conflicto hidráulico de la sequía, y también al de su opuesto la inundación, afirma el autor de este artículo. Es necesario, agrega, afrontar el problema de nuestro orden territorial -el uso armónico que hacemos del territorio y de sus recursos- para paliar sus efectos.

El agua es un recurso bastante escaso en nuestro país, escasez acentuada en los últimos años, no tanto como consecuencia de un cambio climático, pese a los varios periodos secos sucedidos durante los últimos 12 años, cuanto por el incesante incremento de la demanda, bien para usos domésticos, derivados del mejor nivel de vida, bien para nuevos usos de carácter económico.Junto a la anterior circunstancia se da la de la percepción social de este recurso como un don natural, pese a ser un bien económico, puesto que en torno al 80% del mismo se destina a usos de este carácter. Claro es que al tratarse de un recurso renovable, admite reutilizaciones, por lo que en definitiva se trata de un bien del cual sólo somos usufructuarios.

Todo lo anterior hace que las cuestiones hídricas las tratemos muchas veces con poca racionalidad y demasiado apasionamiento, dificultándose unas veces e impidiéndose otras un uso razonable de este recurso, imprescindible para la vida humana y para numerosas actividades económicas.

La vigente Ley de Aguas hace especial énfasis en la Planificación Hidrológica para alcanzar la satisfacción de la demanda hídrica en el marco de un orden territorial equilibrado y de una armonía medioambiental. Esta acción planificadora es hoy día absolutamente necesaria, máxime si se tiene en cuenta que la última planificación hídrica global data de la Segunda República.

En estos días, están dispuestos para la información de la sociedad los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas, aprovechemos pues la situación para producir el debate sosegado y razonable que nuestros problemas hídricos requieren. Si lo hacemos de esta forma encontraremos soluciones, puesto que el recurso natural que la pluviometría nos proporciona permite atender todas las demandas; en caso contrario, seguiremos con numerosas demandas insatisfechas en unos lugares, mientras en otros los recursos hídricos permanecen ociosos o se despilfarran.

Hablar hoy de planificación hidrológica es hablar de política hidráulica, que debe adaptarse a las circunstancias actuales, superando los preceptos de Joaquín Costa y los regeneracionistas, en cuya época los recursos hídricos ociosos eran abundantes.

Tradicionalmente, nuestra política hidráulica ha sido de oferta, es decir se generaban recursos regulados que eran ofrecidos a nuevos demandantes, dejando muchas veces al margen las demandas insatisfechas. Esto ha seguido ocurriendo hasta estos últimos años, en los que disposiciones preparadas para resolver las citadas demandas (decretos leyes de sequía de los años ochenta) han visto tergiversados sus objetivos de partida por la presión social y el peso de nuestra tradición.

Precipitaciones irregulares

En este aspecto, teniendo en cuenta nuestras condiciones climáticas y el volumen de nuestra demanda actual, hemos de hacer una política hidráulica cuyo objetivo sea la de satisfacer las demandas existentes o expectantes.

Los principales problemas hídricos que tenemos planteados derivan de la irregular distribución de nuestras precipitaciones. tanto temporal como espacialmente, característica común a toda España salvo la cornisa cantábrica. La irregularidad temporal se da de unos años a otros y también dentro del mismo año, con un largo periodo seco, entre junio y octubre normalmente, que coincide con la época de mayor demanda, especialmente en los usos agrícolas.

Pero junto a la irregularidad temporal se da también la espacial; hay una gran diferencia de precipitaciones entre unas zonas y otras, si bien la España seca es bastante más extensa que la España húmedad. Valga como ejemplo el caso de Andalucía que alberga en su territorio la comarca más húmeda de la Península, Grazalema, y también la más seca, Cabo de Gata.

La corrección del desequilibrio temporal se viene llevando a cabo mediante la utilización de elementos reguladores, tanto artificiales, los embalses, como naturales, los acuíferos; aunque una optimización del uso conjunto de ambos sistemas es imprescindible. La construcción de embalses ha tenido una buena aceptación social en nuestro país, si bien se hace necesario hoy en día, adaptar esta actividad a las nuevas exigencias medioambientales.

La corrección del desequilibrio espacial puede lograrse mediante la transferencia de recursos de unas cuencas hidrográficas a otras, operación que realizaban en el siglo XIV nuestros antepasados. Actualmente, estas operaciones tienen dificultad para ejecutarse, pero como creemos que son muy necesarias, conviene reflexionar sobre el origen de los escollos que surgen y tratar de salvarlos con respeto absoluto a la naturaleza y a los legítimos derechos y aspiraciones de todas las partes implicadas.

Transferir recursos hídricos es una acción de fuerte incidencia territorial, de ahí la necesidad de considerarla no como una acción de carácter meramente hidráulico, sino que debe englobarse en una tarea de ordenación territorial, cuyo objetivo final sea el de lograr una equiparación del bienestar entre los habitantes de las cuencas afectadas, la que cede recursos y la que los recibe.

Es bastante común que el territorio o cuenca demandante de recursos hídricos haya alcanzado un grado de desarrollo superior al territorio o cuenca que los cede, de ahí las necesidades de esos recursos ajenos, una vez agotados los propios y, de ahí también, la obligación de hacer frente a los dos problemas a la vez, la satisfacción de la demanda hídrica en un caso y el incremento del desarrollo económico en el otro, para lograr un auténtico orden territorial.

El aspecto hidráulico de la cuestión es bastante sencillo de abordar, máxime si se tiene en cuenta la gran experiencia de nuestro país en este tipo de construcciones; aunque es muy conveniente enfatizar la incidencia medioambiental, puesto que se trata de obras de gran envergadura en la mayor parte de los casos, cuyo impacto debe ser corregido.

Mejor utilización

La operación de desarrollo económico en la cuenca cedente de recursos es desde luego más compleja, por lo que requiere un análisis profundo para elegir las opciones adecuadas, a veces menos inmediata que la simple distribución equitativa de los recursos hídricos.

Hay que abordar necesariamente las distintas transferencias de recursos hídricos estudiadas en la geografía española, de carácter intercomunitario unas, intracomunitarias otras; ahora bien, para que socialmente sean aceptadas estas acciones han de tenerse muy en cuenta, no sólo los derechos existentes sobre los recursos hídricos en las cuencas cedentes, sino sus legítimas aspiraciones de desarrollo económico de sus gentes, ligado o no éste al recurso hídrico.

La correcta satisfacción de la demanda de agua requiere, además de la disposición de nuevos recursos regulados, una mejor utilización de la que ya poseemos, para lo cual es necesario adecuar nuestros hábitos de consumo a nuestras condiciones climáticas, valga como ejemplo la gran difusión que está adquiriendo entre nosotros el jardín con grandes superficies cubiertas de césped, más propio de países húmedos. Es preciso asimismo acondicionar nuestros sistemas de distribución de agua, para evitar las grandes pérdidas tanto en los sistemas urbanos como en los regadíos, requiriendo estos últimos también un doble objetivo, mejorar las condiciones de trabajo de nuestros agricultores y ahorrar grandes volúmenes de agua; ahorro tan importante, que en algunas cuencas hoy día el mejor embalse que se puede construir en ellas es el acondicionamiento de sus viejas zonas regables. Todo ello sin olvidar la buena gestión diaria del recurso a través de entes especializados. Todavía un tema crucial en el buen uso de los recursos, la devolución del agua ya utilizada al medio natural, que debe hacerse de modo que no agote la capacidad autodepuradora de nuestros ríos, que no contamine el medio hidráulico, tanto en. su fase superficial como en su fase subterránea.

Con la depuración de nuestras aguas usadas, atendemos una exigencia social. La conservación de nuestros recursos hídricos, pero al mismo tiempo al posibilitar su reutilización estamos aumentando de hecho el volumen disponible de los mismos. Es también un problema serio la contaminación química que producen los regadíos, con un efecto añadido al de la contaminación en sí, el incremento de los costes de explotación por una dosificación excesiva de abonos y otros productos químicos.

Hay una cuestión más, finalmente, que debe abordar nuestra planificación hidrológica, el tratamiento económico del agua adecuado a su carácter de bien no de don. La satisfacción de la demanda de agua en las condiciones exigidas de cantidad, calidad y oportunidad, requiere costosas infraestructuras e instalaciones de cuidadoso mantenimiento, que no deben afrontarse sólo con los presupuestos generales, pues el agua permite un uso privativo, pese a ser un recurso público. Un precio del agua adaptado a su coste real tendría, sin duda, efectos beneficiosos al retraer la demanda a sus justos límites.

Somos un país periódicamente sometido al conflicto hidráulico de la sequía, también al de su opuesto la inundación, ambos no pueden aceptarse como plagas bíblicas que debamos sufrir resignadamente, ambos tienen su origen en nuestras condiciones climáticas, pero también es nuestro ¿orden territorial?; de ahí la posibilidad y la necesidad de afrontarlos decididamente para paliar sus efectos.

El orden territorial no es ni más ni menos que el uso armónico que hacemos del territorio y sus recursos, discutamos, pues, racionalmente la cuestión, busquemos los caminos de la concordia y, en el caso que nos ocupa, aprovechemos el agua no sólo para aplacar nuestra sed, sino también para apagar la pasión encendida con que se discuten los temas hidráulicos. Llevemos la contraria a la letra del mirabrás que canta: el conocimiento la pasión no quita.

es consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.