La Junta Electoral obliga al Gobierno a una revisión total del censo de votantes
El Gobierno tendrá que poner en marcha el mes que viene una amplia campaña de información para que los ciudadanos puedan subsanar los errores que les afectan en el censo electoral, como consecuencia de un acuerdo tomado por la Junta Electoral Central en la noche del pasado viernes. Este organismo, ante el que había expresado sus quejas el Partido Popular por los centenares de miles de equivocaciones en el censo, ha ordenado el envío a todas las personas con derecho a voto de una tarjeta con sus datos censales, para que puedan actualizarlos antes del 15 de diciembre.
El vicesecretario general del PP, Javier Arenas, promotor de la campaña del partido para conseguir la revisión del censo, declaró ayer que lamenta "que la ineficacia administrativa del Ministerio de Economía y de la Oficina del Censo, dependiente de ese ministerio, pongan en cuestión un posible adelantamiento de las elecciones".El PP, defensor del adelantamiento de las elecciones, "no ha acusado en ningún momento al Gobierno", según Arenas, "de manipular políticamente el censo electoral, pero sí de que con su ineficacia ha puesto en peligro la pureza de las eleciones. A Solchaga le preocupa más la eficacia en perseguir fiscalmente a los españoles", agregó el dirigente popular, "que en garantizar su correcta inclusión en el censo para que puedan votar".
El acuerdo de la Junta Electoral Central supone que la Oficina del Censo tendrá que enviar a todos los ciudadanos inscritos en el censo, antes del próximo día 30 de noviembre, una tarjeta con los datos actualizados. Quienes no hayan recibido en la fecha citada la tarjeta dispondrán de plazo hasta el 15 de diciembre para reclamar y conseguir que se subsane el error:
Las instrucciones aprobadas por la Junta incluyen la obligatoriedad de una amplia campaña en los medios informativos sobre los plazos y mecanismos para efectuar las rectificaciones. Los Ayuntamientos, en concreto, deberán exponer en sus dependencias toda la información que puede interesar a los electores.
Los impresos para solicitar las rectificaciones serán facilitados por las corporaciones municipales y los electores tendrán que presentarlos, una vez cumplimentados, en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral o en los propios Ayuntamientos. Las delegaciones de la Oficina del Censo tendrán que resolver todas las peticiones en el plazo de cinco días desde su recepción y notificar directamente a los afectados todos los datos de sus tarjetas censales.
Control riguroso
Antes del 15 de enero, el director de la Oficina del Censo tendrá que enviar un informe a la Junta Electoral con el número de rectificaciones solicitadas y otros datos y detalles concretos del proceso de revisión realizado.La Junta Electoral Central advirtió que esta vía extraordinaria para subsanar errores queda abierta con independencia de la revisión correspondiente al 1 de enero de 1993 y de "una hipotética rectificación en periodo electoral, si hubiera lugar".
En la presentación del acuerdo, la Junta reconoce que "el proceso de revisión del censo electoral de 1992 ha resultado especialmente complejo, en comparación con los inmediatamente anteriores". También admite que las medidas adoptadas son "extraordinarias", y motivadas por la exigencia de que "ningún ciudadano con derecho a voto tenga dudas sobre su inscripción
Un portavoz de la presiden cia de Izquierda Unida indicó ayer que los errores suelen estar a menudo motivados por equivocaciones respecto al domicilio de los electores. En esas circunstancias, la mejor manera de actualizar el censo es exponer los listados en los Ayuntamientos.
Tanto el portavoz de la coalición de izquierda como el del PP en la Asamblea de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, afirmaron que resulta imprescindible que la Oficina del Censo Electoral dependa de la Junta Electoral Central, para garantizar una mayor eficacia.
