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La oposición quiere debatir la privatización de la funeraria delante de un juez

Juan Antonio Carbajo

De la privatización de la funeraria ya no habla ni su presidente, el concejal Simón Viñals. El PSOE considera que ha habido tal cúmulo de irregularidades que ha pensado en recurrir a los tribunales. Izquierda Unida no quiere ni votar el asunto. Los trabajadores, que sufrirán una reconversión para facilitar la entrada de capital privado, quieren denunciar a sus jefes por calumnias.

La privatización de un 49% de la empresa funeraria vuelve al pleno después de que el secretario del Ayuntamiento declarara nulos los acuerdos adoptados en julio. En aquella sesión se trató la situación de la funeraria y, según el secretario, los puntos votados entonces eran meras sugerencias.Entonces se aprobaron puntos contradictorios: la privatización, a propuesta por el PP, y el mantenimiento del capital público, a propuesta de la oposición.

El proceso, pues, se debe repetir, aunque la oposición duda de la validez del dictamen del secretario. "Como siga adelante el PP, recurriremos al juzgado", comentó el concejal socialista Leandro Crespo. "Se han cometido muchas irregularidades, como no realizar una auditoría antes de ampliar capitál.

Luis María Huete, primer teniente de alcalde, fue el único concejal del PP que ayer habló del asunto. Viñals, presidente de la empresa, calló en su favor. Huete comentó que con las bases del concurso que se llevarán al pleno "se trata de encontrar a unos profesionales con experiencia para dar el mejor servicio". El 49% de las acciones que se ponen en venta valen, según Huete, 1.470 millones de pesetas.

Para Crespo, el PP va a realizar una reconversión gratis con los trabajadores para que la empresa privada que entre en la funeraria se encuentre sin ninguna carga. Según Huete, los trabajadores podrán reingresar en el Ayuntamiento en puestos similares.

Además, los sindicatos han pedido al Partido Popular que se retracte del informe que aprobó el último consejo de administración, en el que se decía que los trabajadores recibían propinas o cobraban por trabajos que debían realizar.

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IU, al igual que el PSOE, se abstendrá en el pleno: "No queremos participar en este proceso. No podemos votar irregularidades" comentó el concejal Franco González.

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