El Gobierno ve practicamente imposible que se ceda la gestión del IRPF a las autonomías

El secretario de Estado para las autonomías, Francisco Peña, dijo ayer que la cesión del 15% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a las autonomías tiene "muy pocas posibilidades de salir" porque "las autonomías, las pobres y las ricas, no se ponen de acuerdo". Peña admitió que la división se extiende al interior de los partidos, como el Partido Popular (PP) y el PSOE. En este caso, el Partit dels Socialistes de Catadunya (PSC) está próximo a Convergéncia i Unió (CiU) y enfrentado al presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y al andaluz, Manuel Chaves, ambos del PSOE.

El diputado de CiU, Jordi Casas, recordó ayer que "el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestó hace pocas semanas que si el Gobierno no cambia su posición ante la gestión del IRPF, hará muy difícil el apoyo parlamentario", del que ha gozado durante la presente legislatura. CiU y la Generalitat catalana han sido los impulsores de la propuesta a la que posteriormente se adhirieron otras autonomías. La semana pasada el Parlamento catalán aprobó, con los votos de los nacionalistas, socialistas y populares, una resolución pidiendo la cesión del 15% del IRPF. Ayer, el líder del PSC, Raimon Obiols, manifestó su convencimiento de que el actual momento económico "de inquietud" no impedirá llevar a buen puerto el acuerdo, "que está bien encarrilado". Un acuerdo que estaba previsto alcanzar el pasado 30 de junio. Según Peña, "el desacuerdo entre las autonomías ha impedido el acuerdo".Las comunidades de Cataluña, Madrid, Valencia -estados dos con presidencia socialista- y Baleares -dirigida por el Partido Popular (PP)- están manifiestamente a favor de que se les transfiera la gestión del IRPF, mientras que Extremadura, Andalucía -ambas con presidencia socialista- y Galicia -dirigida por el PP- están en contra.

Cesión peligrosa

Los presidentes de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y de Andalucía, el también socialista Manuel Chaves, han señalado que esa cesión es "arriesgada" y "peligrosa". Un portavoz de la Junta de Andalucía señaló ayer que la cesión de un tramo del IRPF requiere previamente "una igualación de los servicios entre las comunidades autónomas". "No se puede ir de hoz y coz con la cesión del IRPF. Hay dos cajas centrales, la Hacienda y la Seguridad Social, que garantizan un reparto equilibrado. Romper esas cajas es de una delicadeza extraordinaria.

El 15% del IRPF de Cataluña le supone el 40% de lo que recibe de Madrid".

"Las comunidades autónomas más pobres ponemos dificultades a esa cesión porque por este procedimiento y en estas condiciones no se garantiza la solidaridad", añadió.

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, señaló ayer que "el problema es que Cataluña y algunas otras regiones durante muchísimos años han hecho con el Estado lo que les ha dado la gana". "En el momento en que cada región empiece a recibir exactamente lo que cotiza, que es lo que pretende Cataluña, aquí dejaremos de hablar de España y empezaremos a hablar de otra cosa", añadió.

Si desde el Ministerio de Administraciones Públicas se atribuye la dificultad del acuerdo a las diferencias entre las autonomías pobres y ricas, desde CiU las críticas se centran en el conflicto interno en el PSOE. Ayer, Domenec Sesmilo, portavoz de Unió Democrática de Catalunya (UDC) -integrante de CiU-, dijo que "él Gobierno está prisionero de un cierto sector del PSOE, que ellos llaman guerrista".

El portavoz de UDC se refería a las declaraciones del pasado martes del presidente socialista de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en las que acusó a los socialistas catalanes de desleales al proyecto del PSOE por defender, junto con CiU, la cesión del IRPF. Rodríguez Ibarra calificó de "disparate" dicha cesión y acusó al secretario de Hacienda, Antoni Zabalza, de adoptar posiciones "insolidarias" por ser "catalán".

Las declaraciones de Rodríguez Ibarra originaron una reacción de malestar tanto desde la Vicepresidencia del Gobierno como en el propio PSC. Desde vicepresidencia se acusaba a Rodríguez Ibarra de "racismo encubierto" así como de "agitar las aguas". La diputada socialista Mercedes Aroz envió una carta a Ibarra en la que le recuerda que el Grupo Socialista del Congreso respalda el cumplimiento de los pactos, dentro de la función del grupo de apoyar al Gobierno, su política y sus compromisos. Con respecto a Zabalza, Aroz le recuerda a Ibarra que Zabalza no comparece en el Congreso ni como funcionario ni como catalán, sino como representante del Gobierno.

Ayer, Rodríguez Ibarra replicó al PSC: "Cuando hay una discusión, entre socialistas, hay que irse a lo que decide la mayoría: que no hay transferencias del 15% del IRPF porque significa acabar con la solidaridad interregional".