El Gobierno vasco gastó en nueve meses casi 1.000 millones en informes

Desde la imagen del País Vasco en Europa hasta el estado de los baños cianurados en la comunidad autónoma, pasando por la religión, el euskera o las auditorías. Son los asuntos sobre los que el Gobierno vasco ha solicitado informes a firmas y personas privadas, ajenas a la Administración, y para los que ha destinado casi 1.000 millones de pesetas en nueve meses. Esta elevada transferencia de fondos al sector privado se produce a pesar de que la vasca es la comunidad con mayor número de altos cargos en su Administración.

El Gobierno vasco cuenta con 180 altos cargos -el doble que la Generalitat de Cataluña-, además de 60 directivos de empresas públicas y medio centenar de asesores cuyas nóminas suman casi 1.500 millones de pesetas anuales.A instancias de Euskal Ezkerra (EuE), el Ejecutivo de Vitoria remitió al Parlamento a principios de julio una relación completa del objeto, importe y adjudicatario de cada uno de los 161 estudios contratados desde que en octubre del pasado año se constituyera el actual Gobierno formado por el PNV, el Partido Socialista de Euskadi (PSEPSOE) y Euskadiko Ezkerra (EE). El coste total por estos encargos se eleva a 975 millones de pesetas.

En la documentación facilitada se observa que la consejería que más dinero ha gastado en este tipo de estudios -más de 230 millones de pesetas por 29 informes- es la de Transportes y Obras Públicas, cuyo titular es el peneuvista Josu Bergara. CA T Alergia Inmunologia es el objeto del trabajo más barato, 14.790 pesetas, encargado por la Consejería de Sanidad.

El más caro

El más caro es el Estudio, diseño estratégico y formulación de los ámbitos y alternativas financieros autónomos y su articulación en la década de los 90, y fue encomendado a, Arthur Andersen y Cía por 74,6 millones de pesetas.Presidencia y Desarrollo Autonómico, también en manos de un peneuvista, Joseba Zubía, ha sido el departamento que más informes ha solicitado, 32, de los que 10 se refieren a la situación del euskera, nueve a la drogodependencia y el resto abarcan los más dispares asuntos de la comunidad vasca o del resto del mundo. Algunos ejemplos son las relaciones con el Estado alemán de Baviera, el papel de la mujer en la sociedad, las opiniones de la población sobre Euskal Telebista (Televisión Vasca), la imagen del País Vasco en Europa, un control de inserciones publicitarias del Gobierno vasco, la autovía del Leizarán o la situación de los jóvenes pescadores en siete puertos del País Vasco francés.

Otro departamento cuyo titular pertenece al PNV, Cultura, ha destinado tres millones y medio a pagar un encargo sobre la incidencia de la Iglesia y la religiosidad entre los vascos.

La de Interior es una de las tres consejerías que sólo ha recurrido a un informe externo. Este departamento, cuyo titular es Juan María Atutxa, del PNV, solicitó asesoramiento sobre los anteproyectos de ley que tenía intención de elaborar a Emilio Guevara, ex diputado general de Álava y miembro del mismo partido. Precisamente Guevara ha sido una de las personalidades que más ha criticado la Ley de Policía aprobada el pasado mes de julio.

Los adjudicatarios de los trabajos son variados y más de la mitad han podido ser escogidos de forma directa y no mediante concurso público, procedimiento aceptado por la normativa legal siempre que el coste no supere los dos millones de pesetas. Entre los beneficiarios aparecen personas vinculadas a los tres partidos en el Gobierno. Dos meses después de que el Gobierno aportara estos datos, ningún grupo político ha requerido más detalles ni ha denunciado irregularidades. Tan sólo Unidad Alavesa ha solicitado la misma información pero referida a años anteriores. Los datos le serán facilitados el próximo mes de octubre.

La semana pasada el lehendakari José Antonio Ardanza barajó la posibilidad de congelar los sueldos de los altos cargos de la Administración vasca para dar ejemplo al, resto de instituciones y ciudadanos en tiempos de restricciones económicas y austeridad. Sin embargo, Ardanza mostró su "preocupación" ante los problemas que pudiera suscitarla medida y argumentó que las retribuciones de los altos cargos públicos "no son competitivas" con los salarios de las empresas privadas.