Italia prepara un decreto para confiscar lo bienes de los corruptos

El Gobierno italiano prepara un decreto que le autorice a confiscar, con carácter preventivo, los bienes adquiridos ilegalmente por políticos incursos en procesos por corrupción. La existencia del proyecto legislativo ha sido confirmada por el Ministerio de Justicia, después de que el presidente de la República, Óscar Lugi Scalfaro, pidiera el pasado martes al Ejecutivo una actuación enérgica y decidida frente a ese tipo de delitos. De hecho, las medidas que se preparan son similares a las ya existentes en Italia para los presuntos mafiosos, aunque a los políticos, y eventualmente a los empresarios que les hayan pagado, se les conceda el beneficio de un decreto específico.

El Gobierno "debe golpear, incluso en sus bienes, con el rigor adecuado, a quien se ha enriquecido indebidamente en perjuicio del Estado y de los contribuyentes", dijo el presidente el martes, tras recibir al primer ministro, el socialista Giuliano Amato. Éste fue recibido para desmentir los rumores, surgidos en la Bolsa de Londres, de que estaba a punto de dimitir como consecuencia de su incapacidad de contener la caída de la lira, herida, sobre todo, por la magnitud de un déficit público crónico que es el talón de Aquiles de la mermada credibilidad de los Gobiernos italianos. Y la debilidad del Ejecutivo actual a la hora de adoptar las medidas drásticas e impopulares que la situación requiere es extrema, debido precisamente al escándalo de la corrupción que sacude a Italia desde hace meses.Un político de la vieja escuela, como el democristiano Ciriaco de Mita, que acaba de ser nombrado presidente de la comisión parlamentaria que se ocupará de la reforma del sistema político italiano, reconocía hace poco que el desarrollo de las investigaciones judiciales sobre el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos está teniendo el efecto de que político y ladrón sean términos sinónimos. Y el propio Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, se permitió decir hace poco que "la política contamina la economía", para explicar las dificultades actuales de los italianos.

El caso de Milán

Sólo en Milán, centro de la investigación sobre corrupción más importante, por la relevancia económica de la plaza y porque en ella tenía su feudo el secretario del Partido Socialista (PSI), Bettino Craxi, pasan ya de 80 el número de detenidos. Entre éstos figuran secretarios locales de los partidos que han contado en la política italiana de los últimos decenios: democristiano, socialista, comunista -hoy reformado-, socialdemócrata, liberal y republicano. Media docena de diputados nacionales de estos mismos grupos implicados, tres suicidios de otros tantos socialistas lombardos y el paso por el banquillo de altos ejecutivos de los principales grupos industriales italianos -léase Fiat, Ferruzzi, o el constructor Salvatore Ligresti, el sexto hombre más rico de Italia, que se encuentra encarcelado- completan la ficha del apabullante caso.En Venecia y en Florencia, en Reggio Calabria como en Varese, avanzan otras investigaciones similares que ponen al descubierto la existencia de un consenso -que llega hasta el reparto de cuotas- entre los partidos italianos para completar su financiación mediante la corrupción de las reglas del mercado. En todas ellas se demuestra que estos fondos adicionales salen de los presupuestos del Estado, y, en definitiva, de los bolsillos de los contribuyentes, ya que los empresarios cargan siempre en sus facturas las comisiones ilegales.

"He cometido un error al aceptar el sistema, en la idea. de que recibir contribuciones y ayudas para el partido estuviera justificado en un contexto en el que esa práctica es habitual", reconocía e n una carta de despedida Sergio Moroni, el diputado socialista que se suicidó el pasado 3 de septiembre. Moroni se consideraba, así, una víctima del sistema, de la prensa y de la "hipocresía" de sus conciudadanos, además del objetivo de una maniobra concreta de los democristianos.

También tienden a considerarse víctimas los empresarios, que afirman que el pago de la mordida es una condición indispensable de trabajo impuesta por los políticos. Y víctimas se sienten, por fin, los brokers, intermediarios entre empresas y partidos, descubiertos con cuentas en Suiza y bajo la sospecha de haber operado más en beneficio propio que de los políticos. "¿Queremos la democracia? Que me expliquen, entonces, cómo pueden mantenerse los partidos con una financiación pública que no basta ni para saldar las pérdidas de sus periódicos", ha dicho Sergio Radaelli, uno de estos intermediarios que trabajaba para el PSI.

El líder socialista, Bettino Craxi, apoya este razonamiento absolutorio cuando afirma, como hizo hace una semana ante sus secretarios regionales, que los compañeros que se han hecho responsables de acciones de financiación ilegal o irregular del partido y de la actividad política o electoral no pueden ser confundidos con quien se ha beneficiado personalmente, abusando de la confianza y de la responsabilidad que se le otorgó".

Como antítesis, la posición del líder del Partido Democrático de la Izquierda (PDS), Achille Occhetto, quien condena el cobro de comisiones y a sus militantes que lo hayan practicado, negando que la dirección del PDS haya tenido jamás noticia de tales actuaciones.

"Pienso en los honestos y transparentes, de vida cristalina, pero alejados de la realidad. En los honestos que jamás se preguntan cómo puede mantenerse su partido o su corriente; en los honestos que vuelven la cabeza hacia otra parte, como si la gestión práctica de la política no les concerniese", escribía con sarcasmo la semana pasada el arzobispo de Milán, cardenal Carlo Maria Martini, en una carta pastoral que ha tenido gran eco.

La tesis de este inquieto prelado, el más independiente del episcopado italiano, es que la corrupción es colectiva, está en la sociedad, y que, para salir de ella, se requiere un esfuerzo colectivo alejado de las venganzas y del aprovechamiento de la culpa ajena en beneficio propio. Católico estricto y jurista de formación, Scalfaro añade a esa idea la de que el imperio de, la ley debe ser restablecido con todo su peso.

Un socialista, el líder sindical Ottaviano del Turco, sugirió, en cambio, la amnistía como salida a este problema colectivo de los dirigentes italianos. La lluvia de reacciones adversas a su propuesta ha hecho que ningún otro político haya insistido.