Clamor en Perú a favor de la ejecución de Guzmán
Un clamor popular a favor de la condena a muerte del dirigente de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, de 57 años, se extiende por Perú, alimentado incluso por el presidente Alberto Fujimori. La ley no permite la pena de muerte en Perú, pero Fujimori declaró que "personalmente, despojándome totalmente de mi condición de presidente, yo sí estaría de acuerdo, naturalmente, con la pena de muerte para Abimael".
Las encuestas callejeras en los canales de televisión son casi unánimes. Los transeúntes se manifiestan, con contadas excepciones, a favor de la ejecución del presidente Gonzalo, nombre de guerra del dirigente senderista capturado el pasado sábado. Consciente de este sentimiento, Fujimori se ha pronunciado de forma ambigua sobre la pena de muerte. El lunes, Fujimori acudió a la sede de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), donde se celebró una tumultuosa conferencia de prensa. Al cruzar la calle, apretujado entre policías y periodistas, hubo gritos de "¡mátelo, mátelo!".Fujimori, declaró ante los periodistas que la legislación actual peruana no permite la pena de muerte, pero inmediatamente relativizó su afirmación, y dejando abierta la puerta a toda clase de especulaciones, declaró: "También tenemos que escuchar lo que la opinión pública está clamando. Todavía no nos hemos pronunciado sobre ese aspecto. Lo qué en la ley está establecido es que la pena máxima en este caso es de cadena perpetua".
Expuso a continuación Fujimori un concepto particular de la justicia, que permite múltiples interpretaciones: "La justicia tiene que ser justa, tiene que ser práctica, de acuerdo a la magnitud de los daños. Esto es lo que habría que evaluar".
Los juristas, escépticos
La postura de los juristas es clara. Así lo manifestó el presidente de la Corte Suprema, Luis Serpa, que señaló que la pena de muerte exigiría un cambio de la Constitución y denunciar el Convenio de San José. Las declaraciones del fiscal general, Daniel Espichán, reflejan el sentir de muchos juristas: "Con toda seguridad, la pena de cadena perpetua es lo único que le va a quedar de sanción a este sujeto, porque, desgraciadamente, la pena de muerte no se puede imponer. Es lamentable que no se pueda imponer, pero así es". [El ministro de Justicia, Vega Santagadea, de visita en España, dijo: "No voy a contradecir a mi presidente, pero la legislación actual sólo permite cadena perpetua".La situación penal de Guzmán puede quedar resuelta en un mes y medio. De momento, la Dincote le tiene a su disposición durante 10 días para los interrogatorios. Después, Guzmán pasará ante el tribunal militar, que dispondrá de 30 días para dictar sentencia. Lo más probable es que la condena sea de cadena perpetua, pero las voces que recogen los telediarios permiten anticipar que habrá una fuerte presión a favor de la ejecución de Guzmán, que será juzgado por el delito de traición a la patria, recientemente tipificado para los terroristas. Un incremento de la actividad terrorista de Sendero podría elevar el tono de los que piden la pena de muerte.
Al mismo tiempo está abierta en Perú la discusión sobre el lugar adecuado para encarcelar a Guzmán. Fujimori dijo que sería presentado a la prensa cuando la Dincote haya concluido los interrogatorios. No existen informaciones solventes de la situación de Guzmán tras su detención, más allá de su gesto sumiso ante las cámaras. El diario Expreso publicó ayer que Guzmán teme por su vida y reclama la compañía del general Antonio Vidal, jefe de la Dincote. Otras informaciones señalan que se ha encerrado en un mutismo absoluto y no responde nada a sus interrogadores. Los policías del grupo especial de la Dincote que intervinieron en la captura de Guzmán se repartirán la recompensa de un millón de dólares. Circula la cifra de 40 policías como participantes en el operativo. Esto dejaría una recompensa de unos 25.000 dólares a cada uno (2,25 millones de pesetas), una cantidad equivalente a 10 años de salario de un mando policial.
La rentabilidad electoral que Alberto Fujimori obtenga con esta operación fue criticada por Alfonso Barrantes, ex alcalde de Lima, que se encuentra en Almería. Barrantes cree que el "éxito policial" es distinto "a la presencia de una dictadura en el país". Y lamentó: "Mucha gente va a apoyarle [a Fujimori] pensando que por esta vía se acabará el terrorismo, pero la captura de Guzmán no puede legitimar una dictadura", según informa Tereixa Constenla.
