La juez del 'caso Ollero' se centra en las cuentas bancarias de Ocisa y Llach

La línea de investigación polícial que supuestamente vincula caso Ollero -pago ilegal de comisiones a intermediarios por la adjudicación a empresas privadas de obras públicas de la Junta de Andalucía- con la ex directiva del PSOE, Aída Álvarez, se en cuentra de momento paralizada. Fuentes de la Audiencia Provincial de Sevilla aseguran que la juez que instruye el caso, Pilar Llorente, ha ordenado a la Policía Judicial que, por lo pronto, centre las pesquisas en las cuentas bancarias de los principales inculpa dos en el caso Ollero, entre ellos la empresa constructora Ocisa y el intermediario Pedro Llach.

(El presidente del Gobierno autónomo andaluz, Manuel Chaves declaró ayer en Málaga, según informa Efe, que "la semana que viene podremos hablar del caso Ollero, aunque tengo la conciencia tranquila porque la Junta no ha cometido ninguna irregularidad".Al preguntarle si piensa comparecer ante el Parlamento andaluz, tal y como ha solicitado la oposición en tres ocasiones, Chaves volvió a repetir que "hasta la semana que viene no hablaremos del caso Ollero".]

Las fuentes mencionadas sospechan que "atar los cabos" que implican a Aida Álvarez en el caso Ollero "va a resultar a la postre una tarea ardua y con muchos muros y escollos", dada "las escasas pruebas tangibles halladas hasta el momento". Según fuentes de la Audiencia de Sevilla, la única prueba fehaciente se reduce a un papel intervenido en un registro que realizó la Policía Judicial en la casa de Pedro Llach tras su detención. Este documento indica que Pedro Llach tenía que pagar una comisión de un "2% o un 3%" a Aida Álvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE (véase EL PAÍS del pasado 31 de agosto).

"Ese papel data de hace tres o cuatro años", asegura un magistrado sevillano, "el tráfico de influencias todavía no estaba tipificado y, dado que las leyes penales no son retroactivas, difícilmente se le podrá imputar ahora tal delito".

Las pruebas, muy difíciles

Esta fuente, que conoce el de sarrollo del sumario (todavía secreto y que consta de unas 30 cintas de conversaciones telefónicas grabadas) que se instruye sobre el caso Ollero, explica también: "Intentar demostrar que las finanzas del PSOE se han nutrido, entre otras vías de comisiones pagadas por empresas constructoras, va a resultar a la policía de Sevilla una tarea ardua, ya que investigar al PSOE es también investigar al Gobierno que, a estas alturas, tendrá todos los huecos oscuros tapados". "La única manera de llegar a algo, si es que realmente lo hay, pasa porque Aida Álvarez cante", agregan la citada fuente.Aida Álvarez fue estrecha colaboradora de Alfonso Guerra hasta 1986 cuando se desvinculó del PSOE y formó la empresa distribuidora Expres 2.020, que se ha visto salpicada en el escándalo Filesa por haber pagado el alquiler de la sede que el PSOE de Madrid tiene en la calle de Gobelas.

Las ramificaciones que están surgiendo en la investigación del caso Ollero han obligado a la juez Llorente a marginar -también de momento- la investigación de otras supuestas irregularidades denunciadas en el escrito anónimo que sirvió para destapar el pago ilegal de comisiones.

La juez Llorente ha averiguado que Ocisa entregó a Llach una comisión de, al menos, 28 millones de pesetas por su presunta mediación para que la Junta de Andalucía concediera a dicha empresa un tramo de carretera entre Granada y Málaga, tasado en unos 2.800 millones de pesetas.

Veintidós de esos millones fueron decomisados el pasado mes de julio, en Sevilla, a Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras de Andalucía.