Varios proyectos, aplazados al fin de la legislatura

El Gobierno inicia con el debate de hoy en el Consejo de Ministros de la reforma del Código Penal un curso político decisivo, de final de legislatura, en que debe afrontar algunos proyectos claves que estaban en el programa con el que el PSOE se presentó a las legislativas de octubre de 1989. La reforma del Código Penal, más allá de su importancia política, es un símbolo de esos proyectos que el Gobierno ha ido aplazando, por sus dificultades internas, hasta encontrarse en la necesidad imperiosa de afrontarlos para no asumir el costo de las acusaciones de incumplimiento que le puede hacer la oposición. Polémicas como la ampliación del aborto y la modificación del delito de difamación, ante los que ha habido diferencias en el propio Ejecutivo, han causado el retraso.Otro de los proyectos legislativos más importantes, que se arrastra desde hace años, es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que el presidente Felipe González se volvió a comprometer a cumplir en el debate sobre el estado de la nación del pasado marzo. Junto a él, sigue pendiente de pasar por la mesa del Consejo de Ministros, el Plan Hidrológico Nacional.

La legislatura acabará sin que el plan de reforma de la Administración, una de las grandes promesas socialistas, se termine de ejecutar. Presentado a la opinión pública el pasado abril, con más de 200 medidas, tiene como plazo de ejecución unos tres años, aunque algunas de las propuestas más importantes se deben cumplir antes de junio.

Retos económicos

En el terreno autonómico, el Gobierno debe iniciar -una vez que las Cortes den luz verde al proyecto de ley de. transferencias- las negociaciones con las comunidades autónomas de vía lenta para realizar los traspasos que supondrán más de un billón de pesetas que pasarán a ser gestionadas por las autonomías. En este capítulo, Ceuta y Melilla amenazan con encontrarse sin una solución para final de legislatura ante el desacuerdo entre el PSOE y PP.En el campo económico, el Gobierno tiene que abordar las grandes cifras del presupuesto, ante las que existe expectación por el recorte, y las reformas previstas en el plan de convergencia, como la liberalización del mercado laboral, la reforma del Inem y de los colegios profesionales. A ello hay que unir otras decisiones pendientes como la privatización de las empresas públicas, la constitución del' Consejo Económico y Social y el estatuto de autonomía del Banco de España.

En el terreno del cumplimiento de los compromisos contraidos en el debate sobre el estado de la nación, el Gobierno debe afrontar sendos debates sobre medio ambiente y paz y seguridad.