Autobuses 'piratas'

TRAS EL accidente en Castellón de un autocar de Bus Expres que cubría una ruta pirata y que tuvo el brutal precio de 45 muertos, se ha desatado un encomiable furor administrativo. Escudriñando en, los papeles, los municipios donde la empresa de transportes organizadora del viaje tiene establecimientos e instalaciones han advertido que no tenía los papeles en regla, y la Generalitat ha desplegado una loable persecución de las compañías -sólo en Cataluña se calcula que hay más de una treintena- que montan viajes regulares cuando, en el mejor de los casos, únicamente tienen autorización para servicios discrecionales sin límite de distancia. La operación provoca un cierto pánico escénico, con los mossos eficazmente apostados en las autopistas y parando a cualquier autocar sospechoso. Todo está muy bien... pero ¿por qué tan tarde?Un total de 44 autobuses habían sido inmovilizados hasta ayer, lo que confirma que no se trataba de un caso . aislado. En realidad, era de conocimiento. general la existencia y multiplicación de estos servicios de viajes que captan la clientela en los bares y ofertan -a diferencia de las compañías concesionarias de la línea- un transporte a domicilio del viajero. Es decir, el autocar para -para recoger o dejar- en la población que desea la clientela de la ruta, a costa, eso sí, de que un viaje de Barcelona a Sevilla pueda durar 20 horas. Era pública y notoria la existencia de este mercado, y la propia Generalitat había prometido hace cuatro años poner orden en este tráfico pirata. Y era notorio no sólo porqué las empresas legales habían presentado denuncias contra sus fraudulentos colegas, sin resultados aparentes, sino porque, por ejemplo, la propia Generalitat era propietaria del solar donde Bus Expres tenía una cochera, y que era reclamado desde hace tiempo por el Ayuntamiento de L'Hospitalet para equipamientos públicos.

Ahora, con 45 cadáveres a cuestas, se anuncia una diligencia inspectora que no se ha tenido con anterioridad. Otro tema es que la actual legislación de concesiones merezca correcciones drásticas. Una hipotética y total desaparición de estas empresas modificaría sustancialmente la capacidad para satisfacer esta popular demanda de transporte que, sólo en Cataluña, se calcula que mueve medio millón largo de viajeros, y debería responderse a ello.

Pero lo ocurrido obliga también a matizar la euforia de esos ultraliberales que consideran que no hay mejor política industrial que la consistente en desregular la actividad económica. Algunos políticos muy influyentes de la antigua derecha sostenían, no hace mucho, que el espectacular desarrollo del turismo en los años sesenta se debió a que la eliminación de trabas administrativas estimuló la iniciativa espontánea de personas emprendedoras: tan espontánea que en pocos años se inutilizó buena parte de la costa española para el turismo. La realidad indica que hay una demanda de viajes como los que de manera pirata cubren esas empresas ahora investigadas; pero eso no significa que, a fin de no interferir en la lógica del mercado, haya que mirar para otro lado ante ilegalidades cuyos efectos se hicieron trágicamente visibles en Castellón.

Por otra parte, el mapa de las agencias de viajes piratas no se limita a Cataluña. No tendría sentido que, por culpa de lo que ha pasado y que afecta a una empresa radicada en Cataluña, el resto de las administraciones autonómicas donde existe este tráfico no se sintieran aludidas. No es la primera vez que la Administración inicia una actuación, a la que estaba obligada, cuando una catástrofe dispara la sensibilidad de la ciudadanía, aunque en este caso, un accidente de carretera, no permita fijar una relación causal entre el desastre y la condición ilegal del transportista. Es de esperar que la Generalitat no se limite a una operación cosmética. Ya ha llegado demasiado tarde para sólo quedar bien.