El Gobierno coloca la cárcel en Soto por decreto

El diálogo se ha agotado. El Ministerio de Justicia necesita una nueva cárcel en Madrid y ha recurrido a la vía de máxima urgencia. El Consejo de Ministros abordará hoy el proyecto de construcción de una prisión en Soto del Real, un municipio de 2.400 habitantes al norte de la región, y con la autoridad que le confiere la Ley del Suelo para obras de interés social, aprobará la licencia de construcción del penal. Este procedimiento especial esquiva la oposición del Ayuntamiento de Soto, que denegó el permiso de obras.

El previsble acuerdo del Consejo de Ministros sobre la localización definitiva de la cárcel lo adelantó ayer el portavoz del Gobierno regional, Jaime Lissavetzky. El consejero reconoció que la Comunidad había cambiado su postura ante la ubicación de la cárcel en Soto del Real. Tanto la Consejería de Política Territorial como la Agencia de Medio Ambiente se opusieron en un primer momento al proyecto de Justicia."No estamos de acuerdo con una macrocárcel de 2.000 plazas en ese lugar, pero sí en una de tipo medio, que habrá que perfilar", aseguró ayer Lissavetzky.

Además de la Comunidad, el alcalde y los vecinos de Soto del Real se habían pronunciado contra este penal. Incluso el Ministerio de Defensa puso pegas a este proyecto. Un informe de este departamento llegó a advertir que la cárcel, especialmente sus dos torretas de vigilancia (le 70 metros de altura, dificultarían las operaciones de aterrizaje y despegue de la base de helicópteros asentada en Colmenar Viejo, a escasos kilómetros. La altura de las torres, según Lissavetzky, es ahora negociable.

El portavoz del Gobierno regional explicó que el acuerdo se había alcanzado tras "un pacto de caballeros" con el Ministerio de Justicia para reducir a la mitad la capacidad del centro, concebido en principio para unos 2.000 internos. Lissavetzky apeló a la "desgraciada necesidad de la instalación" como argumento para permitir la ubicación de la cárcel "en algún lado", y criticó la "hipocresía social" de los que protestan cuando los penales o los centros de atención a drogodependientes se sitúan cerca de sus casas.

Justicia no quiso ofrecer ayer una versión oficial. Fuentes de Instituciones Penitenciarias precisaron que se había pedido la licencia de obras al Ayuntamiento de Soto el 20 de enero y que, ante la negativa municipal, se elevó el asunto, con la consideración de máxima urgencia, al Ministerio de Obras Públicas. Este departamento es el que ha planteado al Consejo de Ministros la necesidad de una licencia especial para edificar la prisión en Soto.

Fuentes ministeriales explicaron que la dimensión de las nuevas cárceles no se puede negociar con cada autonomía, porque está establecida por el plan nacional de nuevos centros penitenciarios, aprobado en 1991. También precisaron que el "pacto de caballeros" alegado por la Comunidad de Madrid no rebajará la capacidad de la cárcel.

Uno y no dos

"Lo que sucederá es que Justicia variará su plan previo de levantar en Soto dos de los nuevos centros-tipo -como los que Instituciones Penitenciarias quiere implantar para sustituir a las cárceles viejas- y sólo pondrá uno", comentaron fuentes oficiales. Los centros-tipo admiten una capacidad, para ajustar la inversión con las necesidades penitenciarias, de unos 900 presos.El proceso se va a acelerar tras la determinación de hoy del Consejo de Ministros. Justicia anunciará la licitación del proyecto (dos meses); luego lo adjudicará (otros tres meses), y a continuación empezarán las obras (a finales de este año o en enero de 1993). El plazo de ejecución para las obras es de 18 meses, de manera que la cárcel puede estar terminada en el verano de 1994.

La Comunidad, a pesar de la oposición en Soto, ha descartado otro emplazamiento, fundamentalmente para evitar un nuevo frente de rechazo en otro municipio y para equilibrar la distribución de los penales, ya que la mayoría se encuentran en el Sur.

Un portavoz de la organización ecologista Aedenat lamentó ayer lo que considera "una pérdida de autoridad de la Comunidad en relación con su estatuto de autonomía, que le otorga todas las competencias en urbanismo y medio ambiente". Aedenat recalca que "la decisión del Gobierno central es desproporcionada; no se recurrió a la licencia especial ni en Cabañeros [Ciudad Real], cuando el Ministerio de Defensa quiso instalar allí un campo de tiro". Aedenat sostiene que la cárcel de Soto originará graves impactos paisajísticos y medio ambientales.