Gil-Robles cree que la expulsión de los 72 africanos a tierra de nadie fue irregular y pide que se tramite su asilo

El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, ha pedido al ministro del Interior, José Luis Corcuera, "que sean admitidas de forma inmediata" las solicitudes de asilo y refugio de parte de los 72 africanos que permanecieron durante dos semanas en tierra de nadie, en una franja fronteriza entre España y Marruecos. En el escrito enviado a Corcuera, Gil-Robles asegura que hay Indicios fundados de que habían sido expulsados irregularmente de nuestro país".

Dos asesores del Defensor del Pueblo realizaron durante los pasados días 22 y 23 una serie de gestiones para conocer la calamitosa situación en que se hallaban 72 ciudadanos de Liberia, Nigeria, Ghana, Somalia, Zaire y Malí, que fueron expulsadas días atrás, después de mantener una concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno en Melilla.Tras entrevistarse con la jefe de los servicios sociales de la Cruz Roja, los enviados de Gil-Robles conocieron los enormes problemas con que tropiezan los solicitantes de asilo en Melilla. La representante de la citada institución humanitarla aseguré que en la franja de tierra de nadie se encontraban incluso "algunos que habían sido sacados de los propios locales de la Cruz Roja y conducidos a la frontera para ser expulsados".

La portavoz de la Cruz Roja comunicó a los asesores del Defensor del Pueblo que los extranjeros o sus abogados le habían informado de otra irregularidad: "Al ir a presentar sus solicitudes de asilo o refugio en la comisaría de policía, en lugar de aceptarla en el acto como indica la ley, eran citados para días más tarde. Y, cuando lo hacían, les era notificada la incoacción de un expediente de expulsión". Otros africanos se quejaron de la tardanza en la resolución de sus peticiones de asilo, por lo que una vez que dejaban de percibir la ayuda económica de tres meses que les otorga la Cruz Roja, debían subsistir gracias a la caridad.

Un africano comunicó a los asesores de Gil-Robles que su esposa, Asha Adam, había sido trasladada desde la franja fronteriza al hospital comarcal de Sevilla por estar embarazada. El marido añadió que su mujer "había sido interrogada y presionada durante dos días por un funcionario prolicial al objeto de que firmara la notificación de la incoación de su expulsión", según se recoge en el escrito remitido al ministro Corcuera el pasado lunes.

Los asesores del Defensor del Pueblo "comprobaron" que la sudanesa Rabi Madi, que se hallaba alojada en la Cruz Roja tras ser rescatada desde la franja de tierra de nadie, "tenía preparada su documentación para presentar solicitud de asilo desde el mes de mayo" pasado. Madi explicó que "cuando quiso presentarla, en su día, no le fue admitida". La mujer añadió que la misma mañana de la entrevista con los representantes de Gil-Robles "había sido conducida a la comisaría de policía en compañía de un miembro de la Cruz Roja al objeto de volver a presentar esta solicitud, no siéndole admitida, a pesar de las manifestaciones verbales que constan en su declaración, siéndole incoado, no obstante, expediente de expulsión".

El Defensor del Pueblo mostró al jefe de la comisaría de policía melillense su "disconformidad", tanto por el procedimiento empleado en el caso de la sudanesa Rabi Madi "como con el hecho de que no se recibieran de forma inmediata las solicitudes de asilo y refugio que se presentaban en comisaría" y que, en su lugar, "se diera cita para este trámite, transcurridos varios días".

La Delegación del Gobierno en Melilla aseguró que no había expulsado a "ninguna" de las personas que permanecieron en tierra de nadie durante dos semanas y sólo reconoció que algunas podían haber sido rechazadas por la policía cuando pretendían entrar en territorio español. Sin embargo, un funcionario marroquí del puesto fronterizo de Farjana dijo a los enviados del Defensor del Pueblo que los 72 africanos habían sido trasladados a ese lugar por guardias civiles, policías nacionales y policías municipales, tras la concentración protagonizada por aquellos ante la Delegación del Gobierno melillense el pasado día 12.

Los asesores del Gil-Robles le expusieron al delegado del Gobierno, Manuel Céspedes, que hay "indicios fundados de que, [los extranjeros] habían sido expulsados irregularmente de nuestro país".