Los Doce comienzan el regateo sobre los fondos y el presupuesto de la CE

El Reino Unido quiere utilizar su semestre de presidencia de la Comunidad para diluir desde dentro las competencias de la CE. La presidencia británica aprovechó el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores celebrado ayer en Bruselas para insistir en su rechazo al aumento de los gastos para llevar a cabo los compromisos asumidos en diciembre en la cumbre de Maastricht. El nuevo presupuesto de la CE y el reforzamiento de las ayudas a los países más pobres, incluido el fondo de cohesión, pueden verse afectados por la intransigencia británica.

La postura británica, "aunque se ha encontrado en una situación de compañía más escasa", en opinión del ministro español, Javier Solana, amenaza con convertir la cumbre de Edimburgo en diciembre en una cita de rebajas. La propuesta de la Comisión Europea (el paquete Delors II) "es lo que está sobre la mesa, incluido el nuevo fondo de cohesión que entrará en vigor en los primeros meses de 1993 como se acordó en la cumbre de Lisboa", insistió Solana.En su primera intervención en un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CE, el ministro español adoptó una postura prudente. No ocultó, sin embargo, que España aspira a beneficiarse con más del 60% de los 1,3 billones de pesetas previstos incialmente para ese fondo de cohesión en cinco años. "Pero no me gustaría introducir más ruido en el sistema", dijo, en alusión al malestar creado por esa exigencia en los otros tres países beneficiarios (Portugal, Irlanda y Grecia). El Gobierno confía en esas ayudas destinadas a transportes y medio ambiente para poder cumplir con el objetivo fijado en el plan de convergencia de destinar un 5% del PIB a inversiones en infraestructuras entre 1993 y 1997.

El nuevo fondo de cohesión no es más que una parte del reforzamiento de la solidaridad entre los Doce, que para los cuatro países menos desarrollados se traduce en una duplicación global de las ayudas regionales que ahora reciben. El Reino Unido insiste en que no hace falta superar el 1,2% del PIB de los Doce como techo actual de gastos de la Comunidad. Delors defiende que es necesario aumentar los recursos hasta el 1,35% en 1997.

Propuesta de Delors

La diferencia está en que, a pesar del ahorro en gastos agrarios, la congelación del techo que plantean los británicos sólo daría un aumento al final de 1997 de 5.100 millones de ECU (663.000 millones de pesetas) en el presupuesto comunitario, cuando sólo para la cohesión se necesita más del doble. Delors demostró ayer que las cuentas británicas son imposibles y que no se puede ir más allá en el recorte agrario. "Nadie se puede imaginar que podríamos cumplir nuestros compromisos si mantenemos el techo del 1,2%", dijo.A la presidencia británica, indirectamente le apoyan varios países, mientras Italia y Bélgica se niegan a revisar su contribución por IVA, que actualmente les beneficia. El talón de Aquiles del Reino Unido es el "cheque" que obtuvo Margaret Thatcher en 1984. Varios países, con Alemania a la cabeza, piden revisar este acuerdo por el que Londres recupera las dos terceras partes de su saldo neto negativo con la CE. La cifra anual que le paga el resto de sus socios comunitarios supera los 300.000 millones de pesetas. Para España, según Solana, ésta puede ser "la mejor palanca" para vencer la oposición británica a reforzar los fondos.

La estrategia negociadora española, después de la pelea casi en solitario que Felipe González protagonizó en las cumbres de Maastricht y Lisboa, parece pasar ahora por la negociación bilateral para defender los intereses nacionales. En el nuevo fondo de cohesión no sólo plantea los criterios de población y superficie para benefiociarse de las ayudas, sino la capacidad de absorber en proyectos concretos la financiación de la CE. Las modalidades del futuro reglamento es la pelea sorda con sus aliados (Portugal, Grecia e Irlanda), menos capacitados para acometer grandes inversiones.

El otro frente elegido por los británicos para debilitar la CE es el jurídico. En este caso, la aplicación del principio de subsidiariedad implicaría, según Londres, la revisión de las casi 300 directivas aprobadas para crear el mercado único. El Reino Unido, por boca del ministro de Auntos Exteriores, Douglas Hurd, entiende que hace falta analizar si cada norma comunitaria ha sido adoptada en función del criterio de eficacia para los ciudadanos y si, en lugar de la CE, no debe ser el Estado o una instancia regional o local quien deba asumir esas competencias.