Anchuras: cuatro años esperando las bombas

Anchuras (Ciudad Real) ha conmemorado este fin semana, con un festival de música y una suelta de aves autóctonas, el cuarto aniversario de la aprobación, el 20 de julio de 1988, del decreto que declaró de interés para la defensa buena parte de su término municipal.

Los vecinos no bajan la guardia, -ya que la amenaza de que la zona se convierta en uno de los mayores polígonos de tiro aéreos de Europa se mantiene, aunque están cada vez más convencidos de que nunca se hará realidad.En estos cuatro años, el Ministerio de Defensa se ha hecho con la propiedad de las dos mayores fincas afectadas por el proyecto (El Cijaral y Rosalejo), permutándolas por otras que tenía en el parque natural de Cabañeros, pero aún debe negociar con unos 70 pequeños propietarios para poseer las 6.750 hectáreas del campo de tiro.

Los trabajos de instalación del polígono no han empezado aún y es improbable que lo hagan a medio plazo, pues los recortes presupuestarios convierten en preciosos los 2.000 millones de pesetas en que se evalúa el coste de su puesta en marcha. Además, la retirada de las fuerzas norteamericanas de Zaragoza ha hecho que el polígono de Bardenas (Navarra) esté en la actualidad infrautilizado.

En estas condiciones, el Ejército del Aire está realizando un estudio sobre sus futuras necesidades de campos de tiro, inferiores en todo caso a las que tenía cuando se decidió instalar el de Anchuras, aunque la decisión final dependerá de factores políticos y no sólo operativos.

Ocupación de la finca

Desde el verano de 1990 no han vuelto los militares por el pueblo y el teléfono que tenía el Ministerio de Defensa ha desaparecido con el puesto de' la Guardia Civil que lo albergaba. Su única representación en la localidad la tienen hoy seis vecinos, integrantes de la candidatura municipal del PSOE, que cobran desde hace tres años de los presupuestos del departamento.. 'Frente a la inactividad oficial, los opositores al campo de tiro han ocupado y cultivado unas 60 hectáreas de la finca Rosalejo, en la que el pasado junio recolectaron 50 toneladas de cereales, y a la que piensan volver en octubre para preparar la nueva cosecha.

Eduardo Corrochano, concejal del PP, asegura que Defensa ni siquiera vigila sus propiedades, en las que el verano pasado se declararon cuatro incendios provocados. El Ayuntamiento ha pedido que se regule la situación del coto de caza que hay en una de las fincas y ha denunciado al anterior dueño, Jaime Soto, por hacer una montería en terrenos que ya no son suyos.

Mientras, el recurso interpuesto en su día contra el decreto está ya en el Tribunal Supremo, que el 17 de junio reclamó al consistorio información sobre el "riesgo evaluado respecto de las personas y del entorno ecológico, como consecuencia de la instalación del polígono".

Santiago Martín, reelegido alcalde en mayo de 1991 por mayoría absoluta de los 400 votantes, se muestra contundente: "La oposición al campo de tiro sigue firme. Lo único negociable es la derogación del decreto".