Las fundaciones se movilizan contra la ley del mecenazgo e inician contactos con los partidos

Las fundaciones han decidido movilizarse contra el proyecto de ley de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, más conocida como ley de mecenazgo. En el caso de aplicar en sus términos actuales dicha ley, el panorama que pintan las fundaciones para m desarrollo es desolador. No sólo califican le erróneo y desfasado el actual proyecto, sino que consideran que muchas fundaciones terminarían por desparecer ahogadas por la normativa fiscal de la ley del Ministerio de Economía y Hacienda, aprobada por el Gobierno el 22 de mayo.

Las fundaciones han establecido contactos con los partidos de la oposición y distintos sectores del PSOE -"que están en contra del proyecto de ley"-, para intentar cambiar, durante los trámites parlamentarios, los puntos que consideran más negativos. Entre los socialistas con los que ya han hablado se encuentra el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina.La ley del mecenazgo fue aprobada el pasado 22 de mayo por el Consejo de Ministros tras varios meses de debates y enfrentamientos entre Economía y Hacienda y Cultura, en los que se pusieron de manifiesto las diferencias en el concepto de mecenazgo por parte de los ministerios de los que son titulares Carlos Solchaga y Jordi Solé Tura. Finalmente, fue Hacienda quien impuso a Cultura sus criterios y quien firmó en solitario el proyecto de ley, haciendo caso omiso a las pretensiones del departamento de Solé Tura de presentarlo de manera conjunta y así poder asegurarse el desarrollo posterior de la normativa.

El Centro de Fundaciones, que agrupa a unas 230 fundaciones de las 2.000 existentes en España, presentó ayer las conclusiones estudiadas la semana pasada en el curso de una asamblea general, que también debatió el borrador del proyecto de ley de Fundaciones elaborado por el Ministerio de Justicia. La opinión que tiene el Centro de Fundaciones con respecto a este borrador de la ley de Fundaciones es radicalmente distinta que la mantenida en relación con la ley de mecenazgo. Según su presidente, Antonio Sáenz de Miera, los términos del borrador de la ley de Fundaciones "está orientada en la buena dirección" y satisface en términos generales la necesidad de regular de manera sustantiva las fundaciones.

Sáenz de Miera planteó su extrañeza de que el Gobierno haya enviado antes a las Cortes la ley de mecenazgo, que regula fiscalmente las fundaciones, antes que la propia ley de Fundaciones, que es la que dota de marco jurídico a estas instituciones. El borrador de la ley de Fundaciones se encuentra todavía en trámite de discusión entre varios ministerios y, en cambio, la ley de mecenazgo ha sido ya enviada al Congreso para su discusión. "Lo lógico es que el Ministerio de Justicia regule las fundaciones y posteriormente Economía aplique los criterios fiscales", dijo Sáenz de Miera. El presidente del Centro de Fundaciones hizo hincapié también en la contradicción existente entre ambas leyes. "Mientras que el anteproyecto de ley de Fundaciones considera como perfectamente lícito y normal que las fundaciones detenten participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles, esta circunstancia es un obstáculo para el goce de los beneficios tributarios reales según los términos actuales de la ley de mecenazgo".

Dirigismo puro y duro

Uno de los puntos que más critican las fundaciones y que califican de dirigismo puro y duro es el referido al artículo 29 de la citada ley de mecenazgo. Precisamente este artículo, por el que los programas, culturales definidos anualmente por el Gobierno en la Ley de Presupuestos gozarán de una exención fiscal de un 20%, fue una de las escasas concesiones que hizo el Ministerio de Economía a Cultura en la redacción de la ley. "Este artículo supone un dirigismo claro muy peligroso", dijo Sáenz de Miera. "Las fundaciones tienen su raíz de ser en la creatividad, la innovación y la atención a campos, ya sean culturales, científicos o de cualquier naturaleza, elegidos libremente por ellas. Con este artículo, se va a dar la circunstancia de que haya fundaciones buenas, que acudan a los programas previamente definidos por la Administración y que consiguientemente obtengan exenciones fiscales, y las malas, que dirijan sus cometidos por donde creen libremente que puedan ir". Para Sáenz de Miera, son las propias fundaciones las que deben decidir libremente su colaboración con la Administración, porque sino "se pierde la esencia de la labor de estas instituciones".