Leguina acepta la transferencia de Educación y anuncia la creación de universidades públicas

J. C. SANZ El ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, abrió ayer formalmente el proceso de nuevas transferencias a la Comunidad de Madrid, en una entrevista con el presidente regional, Joaquín Leguina. La cesión de las competencias en una treintena de materias se verá culminada con la gestión plena de las atribuciones en, Educación, que, según Leguina, supondrá la creación de nuevas universidades públicas en Madrid. Sin embargo, el presidente reconoció que la gestión de las competencias de Sanidad "sería inasumible en este momento".

Las primeras competencias en el área de Educación -las que afectan a las universidades y a las escuelas infantiles- se traspasarán al Gobierno de la Comunidad antes de que termine la actual legislatura autonómica. En los tramos de enseñanza obligatoria -primaria y secundaria- la asunción de competencias se hará efectiva a partir de 1995. "Habrá que seguir un calendario respetuoso con los principios de la reforma educativa que ya está en marcha", advirtió Eguiagaray.Cuando la Comunidad de Madrid asuma por completo las competencias en materia de educación duplicará prácticamente el volumen de sus presupuestos, que en la actualidad ya superan los 400.000 millones de pesetas.

Leguina anunció también, al hilo de la asunción de la gestión educativa, la creación de universidades públicas en Madrid -"dos o tres"- para descongestionar los actuales centros de enseñanza superior. "La Universidad Complutense no puede seguir creciendo", argumentó el presidente regional. La Comunidad de Madrid ha impulsado en los últimos años, mediante la financiación de instalaciones docentes, la creación de la Universidad Carlos III, con sendos campus en los municipios de Leganés y Getafe.

Ronda de contactos

El titular de Administraciones Públicas, que inició con Leguina su ronda de contactos con los presidentes de comunidades autónomas, aseguró que el proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución no prevé el traspaso de la gestión de la sanidad pública. Para Eguiagaray, lo que se persigue es que el sistema nacional de salud funcione, "sea quien sea el responsable".

Leguina, por su parte, reconoció que la transferencia de Sanidad a la Comunidad de Madrid sería "inasumible en este momento". "Ya se verá en el futuro", agregó Leguina. El presidente regional considera que ya hay "material de traspaso para bastante tiempo" con el actual proyecto de ley de transferencias.

La Comunidad de Madrid gestiona directamente el hospital Gregorio Marañón, un centro que, con sus más de 2.000 camas, es el más grande de España y uno de los que más problemas acarrea. La Consejería de Salud -titular de otros centros sanitarios, como el hospital de la Princesa o el- hospital infantil del Niño Jesús- ha preferido que el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) los siga gestionando directamente. En el conjunto de competencias que la Comunidad de Madrid va a asumir figura también la gestión de las relaciones laborales. Una transferencia que le da "aprensión" a Leguina, a quien, según manifestó ayer, no le gustaría tener que aprobar expedientes de reducción de plantillas en las empresas madrileñas. Leguina, sin embargo, rechazó que las nuevas transferencias vayan a suponer un incremento del gasto público. En su opinión, el aumento del volumen presupuestario reducirá el actual porcentaje de endeudamiento de la Comunidad, aunque la deuda en sí seguirá siendo la misma.

Las nuevas competencias exigirán el traspaso de medios y funcionarios a la Comunidad, salvo en el caso de atribuciones estrictamente jurídicas. Leguina planteó también la posibilidad de que haya reajustes en el Gobierno regional tras las transferencias, con la creación de nuevos servicios y direcciones generales.

Eguiagaray confía en que la ley orgánica sea aprobada por el Parlamento antes de que concluya el año. En la primera fase se delegarán en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal. En la segunda fase, las comunidades reformarán sus estatutos para incorporar las nuevas competencias.