Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Las juventudes de CDC censuran la operación policial contra Terra Lliure

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, dio ayer por prácticamente desarticulada a Terra Lliure, después de la treintena de detenciones practicadas en Cataluña y Valencia en los últimos días. La operación policial desatada contra la organización terrorista, siguiendo instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, fue duramente criticada ayer por las juventudes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y por Iniciativa per Catalunya (IC), que no sólo han cuestionado la actuación judicial, sino que la han llegado a tildar de "operación de maquillaje" que puede "crear un clima de crispación" ante los JJ OO.A las críticas lanzadas el martes por ERC, en las que se comparaba la actuación de la Audiencia Nacional con el Tribunal de Orden Público franquista, se sumaron ayer las de otros partidos. El diputado autonómico y secretario general de la Joventut Nacionalista (JNC) -rama juvenil de CDC-, Carles Campuzano, declaró a Europa Press que las detenciones "no ayudan a crear un clima de normalidad con motivo de los JJ OO, sino que contribuyen a crear crispación".

Rafael Ribó, presidente de IC, sostuvo que las últimas detenciones se enmarcan en "una operación de maquillaje ante la perspectiva de los Juegos" y pretenden "criminalizar el independentismo, cuando éste es una opción política legítima". El líder de IC considera que la operación policial es una "agresión a dos fuerzas políticas catalanas". Alude así a la detención de Carles Buenaventura, presidente de ERC en el Gironès, que ayer fue puesto en libertad, y a la de Oriol Martí- del comité central del Partit deis Comunistes (PCC). El ultraortodoxo PCC también enmarcó ayer las detenciones en el dispositivo de seguridad olímpica, y las calificó de "cacería policial".

Ángel Colom, secretario general de ERC, acusó al Gobierno de "romper la paz olímpica", mientras su partido dirigía un escrito al presidente del Parlament en el que le instaba a que esta institución se pronuncie sobre las detenciones. De los 30 arrestados, 12 están en prisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de julio de 1992