La Guardia Civil y Justicia se culpan mutuamente del apuñalamiento de la fiscal

La Guardia Civil, y la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios se culpan mutuamente del incidente causado por Francisco Javiez Ávila Navas, quien el pasado miércoles apuñaló a la fiscal Dolores Andrade en los juzgadaos. Según fuentes de la Guardia. Civil, el agresor salió de la cárcel con el arma oculta en el ano. Ayer, unos 200 funcionarios se concentraron en la plaza de Castilla para protestar por el suceso.

Ávila, que está considerado como un preso peligroso, fue cacheado por los funcionarios de la prisión de Alcalá-Meco, que también le hicieron pasar por el arco detector de metales. Pero el aparato no dio ningún pitido, pese a que es "especialmente sensible" y "detecta hasta el papel de aluminio", según fuentes de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios.El presunto delincuente fue entregado a !os guardias civiles, que le condujeron hasta los calabozos de los juzgados de la plaza de Castilla, donde se hicieron cargo de él los funcionarios de de Instituciones Penitenciarias. Éstos debían de ser quienes le sometieran a un nuevo cacheo, en caso de sospechar que portase algún arma, según fuentes de la Guardia Civil, que aseguran que los agentes de este cuerno actuaron correctamente y que no hay ningún expediente contra ellos.

Los mismos medios aseguran que las investigaciones policiales han determinado que, antes de ser conducido al Juzgado de lo Penal número 14, Ávila se sacó el estilete del recto y se lo escondió en una muñequera que llevaba en el brazo derecho. La Guarcia Civil sostiene que Ávila no habló con ninguna persona ni nadie se acercó a él durante el trayecto desde los calabozos hasta la sala. Por el contrario, fuentes de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios mantienen que los guardias civiles fueron advertidos en todo momento de la peligrosidad del presoy añaden que ellos eran quienes debían de haber advertido al juez José Antonio Alonso de la peligrosidad de quitarle los grilletes.

Por otra parte el grupo de Abogados Jóvenes lamenta que se responsabilice el juez del incidente por haber ordenado que se retirasen las esposas al detenido. Según estos letrados, "Ávila es un preso al que se le ha sosmetido sistemáticamente a todo tipo de vejaciones, malos tratos físicos y psíquicos, siendo sometido a largos periodos de aislamiento" (tortura blanca), lo que cierra "sus posibilidades de reinserción".

Más seguridad

Secretarios, agentes y personal laboral de los juzgados de lo penal realizaron ayer actos de protesta para solicitar un plan integral de seguridad en los edificios.

Los secretarios suspendieron sus funciones durante una hora, y unos 200 auxiliares, oficiales, agentes y personal laboral se concentraron a las puertas del Juzgado de lo Penal atendiendo a la convocatoria realizada por CSIF, Comisiones Obreras y UGT. Unos y otros solicitan personal de seguridad en las diferentes plantas del edificio, y no sólo en la puerta de acceso. También piden que se establezca un control más exhaustivo sobre los presos, y plantean la necesidad de un sistema de emergencia por si es necesario evacuar el edificio. En los juzgados de la plaza de Castilla trabajan unas 2.000 personas, y otras 5.000 acuden a las citaciones diarias.

Para Andrés Sanz Cabezuelo, presidente nacional de CSIF-Justicia (sindicato que está "harto" de denunciar la inseguridad de los Juzgados), la agresión a la fiscal "no es un hecho aislado", asegura, "sino la continuación de otros muchos sufridos por mis compañeros". "Y todo se debe a la falta de normas que configuren un plan de seguridad en el edificio", agrega.