La Comunidad apoya la demanda municipal de que el Estado pague por 'usar' la capital

La Comunidad y el Ayuntamiento han resucitado la vieja idea de que Madrid cuente con un fuero especial que le compense por los gastos derivados ole su condición de capital. El Gobierno regional remitirá en breve al consistorio un dictamen jurídico sobre su modelo de Ley de Capitalidad, en el que apoya por primera vez la reivindicación municipal de conseguir que el Estado pague entre 12.000 y 18.000 millones al año por usar la capital. De esta manera, la Comunidad responde a otro texto que encargó el Ayuntamiento hace unos meses para lanzar el debate sobre la singularidad de Madrid.

El Gobierno municipal del PP cree que con los dos análisis jurídicos en la mano ya se puede empezar a elaborar un texto definitivo de la ansiada Ley de Capitalidad. El Ayuntamiento querría que la Asamblea de Madrid tramitara el proyecto legislativo el próximo otoño, y, de momento, no encuentra especial animadversión en el Gobierno regional del PSOE.Según Luis María Huete, primer teniente de alcalde, ambas instituciones están de acuerdo en crear un, comisión para elaborar la ley. "La idea es redactar un texto consensuado que pueda ser aprobado por unanimidad, y para ello no hay mejor fórmula que la tercera columna", comentó Huete. Este método de trabajo consiste en confrontar los dos dictámenes jurídicos punto por punto para obtener una "tercera columna consensuada". "Así se elaboró el Estatuto de Autonomía, que fue aprobado en 1983 por todos los grupos parlamentarios", recordó.

El consejero de Gobernación de la Comunidad, Virgilio Cano, afirma que la ejecutiva de la Federación Socialista Madrileña (FSM), de la que es vicesecretarlo, se ha mostrado fa vorable a alcanzar el "máximo consenso" en la discusión de la ley. En opinión de Cano, el proyecto debe tener un "nivel político" suficiente para superar el paso por las Cortes.

Reproches

Sin embargo, Cano tiene algunos reproches. El consejero afirma que el PSOE ya ha de signado a sus integrantes en la comisión, mientras; el PP aún "no ha dado una respuesta". Los elegidos por el PSOE son: el secretario general de la FSM, Teófilo Serrano; los diputados Joaquín Almunia y José Barrionuevo; la diputada regional Pilar Fernández, y los concejales Ana Tutor y Juan Lobato.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Jesús Pedroche, asegura que el Gobierno de Joaquín Leguina ha incumplido el acuerdo de presentar antes de junio "un proyecto de ley, y no un dictamen". Pedroche asegura que sí tienen un equipo negociador formado por el portavoz del PP en la Asamblea, Alberto Ruiz Gallardón; el alcalde, José María Álvarez del Manzano; Huete, y el propio Pedroche.

¿Qué debe contener la Ley de Capitalidad? Para el Ayuntamiento, el texto debe incluir un cómputo de los gastos que ocasiona a la ciudad ser sede del Gobierno del Estado para que sean abonados cada año. Entre estos costes se incluirían, tanto los servicios que se prestan al Estado (escoltas, operaciones policiales, etcétera) como los impuestos que se dejan de ingresar por exenciones fiscales. Las últimas valoraciones cifraban ese coste entre los 12.000 y los 18.000 millones de pesetas.

El dictamen de Ramón Fernández coincide en este punto y apoya que los Presupuestos Generales del Estado se hagan cargo de "los ingresos que el Ayuntamiento de a de percibir en razón de las exenciones tributarias del Estado o de las representaciones diplomáticas", y de los gastos protocolarios que acarrea la capitalidad. El Ayuntamiento también pretende que la ley instaure "una fórmula para que las tres administraciones se entiendan, y unas normas de funcionamiento del Ayuntamiento distintas a la Ley de Bases de Régimen Local y a las del resto de consistorios", señala Huete. Por ejemplo, tener la posibilidad de elegir sus responsables de área entre técnicos o políticos que no sean concejales, algo que actualmente impide la ley.

El dictamen del catedrático Tomás Ramón Fernández también habla de la necesidad de coordinar a las tres administraciones públicas que intervienen en Madrid: Estado, Comunidad y Ayuntamiento. Madrid tiene "preeminencia honorífica" respecto a los demás municipios españoles, explica.

"Madrid es una cuestión de Estado", subraya Cano, quien también desea un mecanismo de entendimiento entre las tres administraciones. "La solución a los problemas de la capital depende de una relación a tres bandas".

El Ayuntamiento quiere que la ley fije claramente las competencias de cada administración a fin de evitar fricciones sobre qué organismo debe ocuparse de un determinado asunto. La Comunidad, en ese punto, es partidaria de un texto más flexible para evitar que se tenga que modificar.