El Constitucional dictaminará que el Tratado de Maastricht exige reformar la Carta Magna

El pleno del Tribunal Constitucional dictaminará hoy o, como muy tarde, mañana, la existencia de contradicción entre el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, y la Constitución española, que hará necesaria la primera reforma de la Carta Magna, según fuentes del alto tribunal que estimaron muy probable que el acuerdo sea unánime. El proyecto de dictamen, vinculante, elaborado por el magistrado Vicente Gimeno Sendra, exige la reforma del artículo 13.2 de la Constitución para que los ciudadanos de la CE residentes en España puedan ser elegidos concejales.

La deliberación fijada para hoy (véase EL PAÍS del 18 de junio último) puede retrasarse varias semanas según la ley del alto tribunal, pero fuentes del mismo aseguraron ayer a este periódico que, en este caso, lo más probable es que mañana, miércoles, se haga público el dictamen. Aunque no fue posible obtener del magistrado Gimeno Sendra, ponente del dictamen, información sobre su contenido, otras fuentes del Constitucional afirmaron que "cuenta con mayoría suficiente para que el debate no sea demasiado extenso y el acuerdo se adopte el mismo martes o, como mucho, el miércoles".

El documento de Gimeno Sendra, "no demasiado extenso", según las mismas fuentes, se inclina por proponer al Gobierno -institución que ha solicitado el dictamen- que se introduzca en el artículo 13.2 de la Constitución española una pequeña modificación, "añadir dos palabras", precisaron, de modo que donde se permite que a los extranjeros pueda atribuírseles por un tratado el derecho al sufragio activo [ser electores] en las elecciones municipales españolas, se añada: "Y pasivo" [ser elegidos].

Con la adición de esas dos palabras u otras similares se despejarían los problemas jurídicos para la ratificación parlamentaria del Tratado de la Unión Europea, cuyo artículo 8 B, apartado 1, da derecho a todos ciudadano de la CE residente en un Estado miembro del que no sea nacional, "a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida".

La gran mayoría del alto tribunal se decanta en favor de esta fórmula de reforma constitucional, para cuya aprobación bastará con que den su conformidad a la misma tres quintos de cada cámara parlamentaria (210 diputados y 153 senadores) y sólo habría que someterla a referéndum de ratificación si así lo solicitaran 35 diputados o 25 senadores. Por el momento, sólo el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, advirtió, al exponer hace meses la línea del Gobierno contraria a cualquier reforma de la Constitución, que el PSOE cuenta con la porción requerida en cada cámara para forzar el referéndum.

Las 'tajadas del melón'

Sin embargo, no es probable que el PSOE utilice en este caso aquella advertencia ni que la apertura del llamado "melón de la reforma" suscite la propuesta de nuevas "tajadas" desde la oposición. Por lo que se refiere al PP, su presidente, José María Aznar, declaró a este periódico, cuando éste anticipó la exigencia de reforma constitucional (véase EL PAÍS del 26 de enero último), que no se debían aprovechar ocasiones de este tipo para plantear otras reformas en profundidad.

Aunque en el alto tribunal no existían ayer dudas sobre la posición mayoritaria, tampoco se descartaba alguna discrepancia. En principio, se estima probable que algún magistrado se incline en favor de que el artículo 11 de la Constitución ["la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley"] permite interpretar que basta una ley para solucionar el conflicto jurídico planteado. Esta tesis fue mantenida en su día por Zapatero, mientras el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, siempre defendió la reforma constitucional que ahora avalará el alto tribunal.

En cambio, carece de adeptos conocidos la posición del constitucionalista Jorge de Esteban, en el sentido de que la reforma afecte también al artículo 23 de la Carta Magna y, en consecuencia, sea aprobada en principio por dos tercios de cada cámara (234 diputados y 170 senadores) y a continuación disueltas las Cortes, para que el nuevo Parlamento ratifique la reforma, antes del obligado referéndum.